Gustavo Ortiz Hidalgo
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) fue creado en la Constitución de 2008, que, a su vez, fue producto de la asamblea constituyente convocada por Rafael Correa y conformada por una mayoría de sus partidarios. Varios exasambelístas hoy reniegan de Correa; pero, el Ecuador no debe olvidar que también fueron parteras del engendro que permitió al correísmo convertirse en tiranía.
La Constitución le asigna al Cpccs las funciones de promover el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana; establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés público; y, designar a la totalidad de las primeras autoridades o cuerpos colegiados de las entidades públicas de control judicial, electoral y de recursos públicos.
Lo risible fue que los siete consejeros del Cpccs eran designados a través de un «concurso público de méritos y oposición» (más claro: «a dedo») organizado por el Consejo Nacional Electoral; esta última entidad se conforma por miembros designados por el Cpccs, también a través de un «concurso público de méritos y oposición» (es decir, «a dedo»). En buen romance, la autoridad nominadora de los miembros del Cpccs era el Consejo Nacional Electoral, y, la autoridad nominadora del Consejo Nacional Electoral era y es el Cpccs
Esta aberración de la estructura orgánica del Estado le permitió al expresidente Correa concentrar todo el poder político en sus manos, abusar con su camarilla de dicho poder e institucionalizar el gobierno más corrupto de la historia ecuatoriana. Gracias a la aprobación de las enmiendas constitucionales promovidas por el presidente Moreno, los consejeros del Cpccs serán elegidos por votación popular. A pesar de que la situación sería menos grave, la existencia de dicha entidad sigue siendo un peligro para nuestra endeble democracia. (O)