Y nos dijeron que el Quinto Poder del Estado llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sería una maravilla, pues se consolidaría como un espacio colectivo de aporte y trabajo para hacer realidad el país donde todos y todas seríamos parte activa de la planificación, gestión y toma de decisiones en un Estado democrático y participativo.
Sí, nos convencieron que gracias a la voluntad de ciudadanos y ciudadanas probos elaboraríamos de manera conjunta nuestras políticas, estrategias y metodologías de trabajo; y, se daría paso al fortalecimiento de las iniciativas de participación, así como también se procedería a la lucha contra la impunidad y la corrupción.
¿Y cómo funcionó este Consejo de Participación Ciudadana en la década del correato? La respuesta sería que lo hizo como un espacio colectivo de “nosotritos los escogidos”, que no cumplió ningún rol para una democracia representativa contemporánea, porque simplemente en diez años no vivimos una democracia en el Ecuador y más aún con una figura inexistente en cualquier otra Constitución que no sea la ecuatoriana, como el CPCCS. Esta Institución actuó como la casa de verano de la residencia monárquica, donde los consortes de la familia real, verbigracia Edwin Jarrín y Tania Pauker; tenían sus oficinas y se preparaban los festejos de cada aniversario revolucionario y se redistribuían e intercambiaban nombramientos de duques y archiduques, llamados: Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral.
Por este origen nefasto y por su proceder capcioso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer, porque es la institución más proclive al robustecimiento de la corrupción y porque está expedita a ser manipulada por los gobiernos de turno, cualquiera sea su orientación política. En las elecciones del 24 de marzo de 2019, no cabe hacer una selección de los mejores candidatos, aquellos de inmaculado proceder; el voto nulo es la solución más democrática para expresar el rechazo a la institucionalidad de la complicidad y el desparpajo. No hay de otra: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social este un ente caduco y por tanto improcedente, nunca los ecuatorianos debemos olvidar su nacimiento, ejercicio y resultados.