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Niegan acción de protección a pueblo afectado por hidroeléctrica

FEB, 22, 2019 | 15:57

El desvío del río Dulcepamba destruyó doce casas, cultivos y la pérdida de tres personas en el 2015. Foto: Defensoría del Pueblo

Quito, EFE

Un tribunal de la provincia de Bolívar negó este viernes una acción de protección interpuesta por un pueblo supuestamente perjudicado por una compañía hidroeléctrica que desvió el curso de un río, al considerarla improcedente.

La Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes adoptó esa decisión tras considerar carente de motivación la acción del pueblo perjudicado por la hidroeléctrica que desvió el curso de agua del río Dulcepamba.

La Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) anunciaron, a través de sus redes sociales, que apelarán la decisión del juez ante la Corte Provincial de Bolívar.

El director general tutelar de la Defensoría, Harold Burbano, destacó que no se descansará "hasta que los derechos humanos de dicha población sean resarcidos".

Por su parte, los abogados de la Cedhu aseveraron que esta decisión judicial se tomó "de manera infundada", al sostener que parte de la defensa no demostró "suficientemente los daños provocados por el desvío del río en el año 2013" y que causó una "tragedia" en marzo de 2015, que resultó según los pobladores en la muerte de tres personas y la destrucción de una docena de viviendas.

Para ello, la defensa se justifica en el artículo 86 numeral 3 de la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, según los cuales, "se deben presumir ciertos los hechos y es el Estado el que debe desvirtuar" las alegaciones presentadas.

"No obstante, presentamos los informes que incumplió el Estado y tampoco se desvirtuó que sea responsabilidad de Hidrotambo el desvío del río. A pesar de eso, el juez hizo caso omiso de estas normas jurisdiccionales", lamentaron desde la ONG.

El pueblo de San Pablo de Amalí se vio perjudicado por la empresa hidroeléctrica Hidrotambo S.A. "debido a la tragedia que provocó la empresa al desviar el río Dulcepamba, destruyendo doce casas, cultivos y la pérdida de tres personas en el 2015", según un comunicado de la Defensoría.

Esta acción de protección también se presentó contra la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el Ministerio del Ambiente, la Secretaría Nacional del Agua, la Procuraduría General del Estado, la Secretaría Nacional de Riesgos, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chillanes.

A todos se les acusó de no haber ejercido ningún tipo de control sobre la empresa hidroeléctrica y en beneficio de la población. 

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