Jaime A. Guzmán R.
Sí, totalmente de acuerdo. Nuestra Constitución de la República como los distintos instrumentos de orden internacional, clara y categóricamente establecen que la jubilación es un derecho fundamental de todo trabajador y por ende el Estado debe garantizar el pago de una remuneración que se la conoce como pensión, para que el jubilado ecuatoriano pueda vivir dignamente.
No lo sé; pero, en la práctica, esto es un sueño más que una realidad, pues los derechos que menos se respectan son justamente el derecho a percibir una pensión justa que le asegure para sí y su familia una existencia digna. Por ejemplo, el ilegal e inhumano cálculo de las pensiones que actualmente se lo viene efectuando en base a la inflación, ha generado una discriminación a los jubilados del incremento salarial que anualmente el gobierno, por mandato constitucional y legal, reconoce en favor de trabajadores y empleados del país.
De la mano de esta indignante e inhumana violación de los derechos de los jubilados, también esta aquella resolución improcedente que dispone el descuento del 2,76 % de las pensiones de los jubilados para financiar la décima tercera y décima cuarta pensión.
Estamos hartos de este tipo de injustica y de las ofertas demagógicas para solucionar esta problemática. Sería mejor empezar a tomar otros caminos. En un Ecuador masificado de parlanchines y amenazada por la aniquilación de los jubilados, ciertos derechos – sobre todo el derecho a la justicia y equidad- ya no pueden ser solucionados internamente. Los jubilados tenemos que conseguir que se respeten nuestros derechos y por tanto se garanticen un mínimo de justicia, y el único embrión capaz de lograrlo son los organismos internacionales. (O)