Capaya y Wilson Pástor también están entre los 11 funcionarios que irán a audiencia.
Según la fiscal general (e), Ruth Palacios, hay suficientes elementos para iniciar un proceso judicial en el caso de la renegociación del campo petrolero Singue, tras la apertura de una investigación debido a las irregularidades registradas por la Contraloría.
Por eso, ayer solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que fije día y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra del exvicepresidente Jorge Glas, el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, el exministro de Recursos Naturales No Renovables Wilson Pástor y otras ocho personas.
El pedido ingresó ayer a la Corte para formular cargos a los investigados por el delito de peculado, que no prescribe, que estaba tipificado en el artículo 257 del Código Penal vigente cuando ocurrieron los hechos.
EL DATO
El pedido de audiencia ingresó al sistema digital de la Contraloría a las 12:03. La investigación inició a finales de 2017 y el año pasado se recogieron versiones del expresidente Rafael Correa y de Glas. El exmandatario, quien dio su testimonio a través de videoconferencia desde Bélgica, negó conocer a Dygoil y el acuerdo con esa empresa, a pesar de que existe una carta dirigida a él.
Tanto Correa como Glas sostuvieron en su momento que la investigación realizada por la fiscal Ximena Mena respondía a una persecución política. En la versión que dio el exvicepresidente, que duró siete horas, dijo que Singue, siendo un campo cerrado, la Contraloría identificó un prejuicio. Glas ya tiene una sentencia en su contra por asociación ilícita, en el caso de corrupción de Odebrecht.
Los hechos
La Contraloría emitió una glosa de 5,2 millones de dólares en contra de Glas, durante su gestión como ministro de Sectores Estratégicos, de Yannuzzelli y Pástor. El informe presentado inicialmente en agosto de 2017 estableció que en el proceso contractual entre el Estado y el Consorcio DGC, integrado por las empresas Dygoil y Gente Oil Ecuador, hubo irregularidades.
Señala que la negociación calculó la tasa interna de retorno con el 80% de las reservas probadas de petróleo para los 20 años de ejecución del contrato y no del 100%, lo que ocasionó un perjuicio al Estado del monto de la glosa. Sin embargo, el perjuicio podría ser superior y alcanzaría los 96 millones de dólares.
También existió un cambio de la modalidad contractual, pues pasó de ser un campo marginal a un contrato de operación de servicios. (AGO)