Canciller: Espín y Ochoa no son perseguidos políticos

El Canciller José Valencia precisó al Gobierno de Bolivia que la exasambleísta y el exsuperintendente de Comunicación fueron acusados por delitos comunes. Fotos: Archivo API.
El Canciller José Valencia precisó al Gobierno de Bolivia que la exasambleísta y el exsuperintendente de Comunicación fueron acusados por delitos comunes. Fotos: Archivo API.

AFP

Ecuador informó a Bolivia que una exdiputada opositora y el exjefe del desaparecido órgano sancionador de medios, ambos prófugos de la justicia y que están en ese país, no son perseguidos políticos, dijo el viernes el canciller ecuatoriano José Valencia.

«Ante reportes que Sofía Espín y Carlos Ochoa habrían pedido refugio / asilo en Bolivia, la @CancilleriaEc ha informado al @MRE_Bolivia (cancillería boliviana), que ambos ciudadanos son buscados por jueces, acusados por delitos comunes; por tanto no sufren persecución política», escribió Valencia en su cuenta de Twitter.

Sobre los dos exfuncionarios, partidarios del opositor expresidente Rafael Correa, pesan órdenes de prisión preventiva.

El gobierno de Correa fue un importante aliado de la administración del mandatario boliviano Evo Morales.

La ministra del Interior, María Paula Romo, aseguró que Espín y Ochoa están en Bolivia tras huir del país el año pasado en medio de investigaciones en su contra.

Espín está siendo procesada por el presunto delito de tráfico de influencias, castigado con hasta cinco años de prisión.

La excongresista fue destituida por la Asamblea Nacional en noviembre pasado por supuestamente intentar presionar a una testigo para que cambie su testimonio acusatorio en el caso de secuestro de un opositor que involucra a Correa, quien vive en Bélgica.

Ochoa fue titular de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) creada en el gobierno de Correa, siendo cesado hace casi un año por presuntas irregularidades en la administración de un canal público que dirigió antes de asumir el cargo en el órgano sancionador de medios.

El exsuperintendente es enjuiciado por una presunta falsificación en la criticada ley de Comunicación impulsada por Correa, lo que le permitió sancionar a once radios del país.