La Corte Nacional de Justicia emitió ayer un comunicado oficial con el cual desafía una resolución del Consejo de la Judicatura. El tema es polémico porque tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niños, aprobada en la Consulta Popular de este año.
La Judicatura emitió una resolución que manda a jueces, fiscales y defensores públicos que continúen tratando estas causas, independientemente del tiempo que haya pasado desde su comisión.
Sin embargo, la Corte Nacional considera que esa disposición viola el principio jurídico de irretroactividad. Los magistrados sostienen que, si bien la consulta ordenó que estos crímenes sean retroactivos, esto solo puede regir desde que se publicaron los resultados de la consulta en el Registro Oficial. Es decir que, para los delitos del pasado, según ellos, no debería regir el resultado de la consulta.
La Corte asegura, además, que la interpretación le correspondería a la Corte Constitucional (actualmente cesada) y que la Judicatura, al ser un organismo administrativo, “carece de facultad para dictar resoluciones interpretativas de normas jurídicas que alteren su contenido”.
Las víctimas
Pero esto toca directamente a quienes fueron violados de niños y a sus familias. Dos asociaciones de ‘supervivientes’ se manifestaron en contra de que estos casos del pasado no se puedan juzgar y sancionar.
10
meses se cumplen hoy, desde la Consulta Popular. María Palacios, presidenta de la Fundación Alsas, en Cuenca; y, Amparo Molina, representante principal de la Asociación por la lucha y la protección de sobrevivientes de abusos sexuales, en Quito, saludaron la resolución de la Judicatura, pero aclararon que aún está en el papel.
“Aquí en Ecuador el papel todo aguanta y, si no hay control, seguimiento y presión, no pasa nada”, comentó Molina. Recordó que hasta la fecha no se cumplen medidas similares frente a abusos a menores, que en agosto anterior recomendó la Comisión Aampetra en la Asamblea Nacional.
7
artículos tiene la resolución de la Judicatura. “Solo el Ministerio de Educación ha realizado un reconocimiento parcial, pero no se ha creado una comisión de la verdad, no se ha reparado a víctimas de casos anteriores, ni se ha hecho un monumento a la memoria”, sostuvo, al recomendar que se faculte al Consejo de Igualdad Intergeneracional controlar la ejecución de la resolución.
La abogada Sybel Martínez calificó la resolución de la Judicatura como una solución temporal. Esto debido a que, luego de 10 meses de la Consulta Popular, aún se espera que la Corte Constitucional responda a la Asamblea un “pedido de acción de interpretación”. Es decir, que interprete el alcance que tendrá en la Constitución y las leyes del país la disposición de la consulta de que este tipo de casos sean imprescriptibles.
Sin embargo, la Corte Constitucional fue cesada en funciones por el Consejo transitorio de Participación Ciudadana. (ASC-JCER)
37 casos que involucran a religiosos
° 22 se encuentran en investigación previa.
° 11 en preparación de juicio.
° 2 en apelación.
° 2 se archivaron.
° El único caso que culminó con una sentencia condenatoria es el del sacerdote Germán Vélez, en Azuay. La justicia le impuso una pena de 13 años de cárcel.