Mariana Velasco
Estremece reconocer que el trabajo remunerado en el hogar (TRH) está marcado por relaciones machistas y violentas, acentuadas por una discriminación social, étnica, xenofóbica y económica. El programa regional ‘Igual valor, iguales derechos’ revela que niñas, mujeres indígenas afrodescendientes y migrantes forzadas, acceden al único mecanismo de inserción laboral desde muy tempranas edades.
Una investigación de Care-Ecuador sustentada en variables de cifras, edad, área geográfica, género, etnia, rango y nivel educativo, refleja el discrimen y explotación de la mujer ecuatoriana y saca por primera vez a la luz una verdad escondida en los resquicios de lo inhumano.
Desde los componentes de una perspectiva de Derechos Humanos, el trabajo cualitativo y cuantitativo descubre la “invisibilización e infravaloración social y económica”. En nuestro país no existe una disposición expresa sobre el trabajo remunerado en el hogar, pero la Constitución recoge varios artículos relacionados con el derecho al trabajo.
Más de 220 mil personas realizan TRH y están concentradas en Manabí, Guayas y Pichincha. Las dos últimas dan trabajo al 54% del total, con abrumadora mayoría de mujeres. En todas las provincias la relación es de nueve mujeres a un hombre. El 78% está concentrado en el área urbana.
La mayoría de entrevistadas aceptan haber empezado a trabajar como TRH entre los 6 y 12 años. Tanto sus familias como los empleadores legitiman el trabajo infantil, convirtiéndose en presas vulnerables del maltrato, abuso y explotación laboral.
Desde las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial hay obligaciones pendientes para la formulación y monitoreo de normativas necesarias para aplicar la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar.