El escándalo Odebrecht no termina. Hay muchas más personas comprometidas, tanto en Lima como en Bogotá.
Redacción LIMA
AFP
Cinco expresidentes de Perú enfrentan causas que pueden llevarlos a prisión, entre ellos Alan García, quien permanecía este lunes en la embajada de Uruguay en Lima, donde solicitó asilo después de que la justicia le prohibiera salir del país.
El mandatario peruano Martín Vizcarra habló por teléfono con su par uruguayo Tabaré Vázquez sobre el pedido de García, quien ingresó a la residencia del embajador uruguayo el sábado en la noche.
Los dos presidentes acordaron “que el Gobierno de Perú enviará, a la brevedad, información al respecto” y luego “el Gobierno de Uruguay decidirá sobre la solicitud planteada”, informó el Gobierno uruguayo en un comunicado ayer
“Le planteamos (a Vázquez) la importancia de este tema para que, obviamente respetando la decisión que tome Uruguay, pondere la posición de Perú, que va a ser expuesta en un documento que le vamos a enviar a más tardar el día de mañana a Uruguay”, declaró Vizcarra a periodistas.
Agregó que le recordó a su par uruguayo que en la pasada Cumbre de la Américas de abril en Lima “suscribimos un acuerdo donde nos comprometimos a luchar contra la corrupción”.
No hay persecución
Montevideo debe ahora evaluar si el caso de García, quien es investigado por corrupción en el caso de la empresa brasileña Odebrecht, se encuadra dentro de la Convención Interamericana de 1954 sobre el derecho de asilo.
A la residencia del embajador uruguayo acudieron los hijos de García y se congregaron afuera manifestantes a favor y en contra del asilo. También fue a verlo su exministro Jorge Alva Castro, quien fue golpeado por algunos manifestantes.
Vizcarra, quien ha ganado niveles récord de popularidad con su cruzada contra la corrupción, negó que exista persecución contra García u otros políticos y tuiteó que “todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones”.
El pedido de asilo, criticado por políticos oficialistas y opositores, “tomó por sorpresa al Gobierno peruano”, admitió un alto funcionario a la AFP, debido a que el propio García había anunciado que no resistiría la prohibición de salida del país, solicitada el jueves por el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez y aprobada el sábado por un tribunal.
Todos salpicados
Cinco expresidentes peruanos enfrentan problemas con la justicia que pueden conducirlos a la cárcel: Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990 y 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
32,5
millones de dólares en sobornos pagó Odebrecht en Colombia.Son todos los exmandatarios vivos que gobernaron Perú tras el fin del régimen militar en 1980: cuatro están salpicados por el megaescándalo de Odebrecht y uno (Fujimori) por violaciones de los Derechos Humanos y corrupción.
Por el caso Odebrecht, García, Humala y Kuczynski tienen prohibición de salida del país, mientras que Toledo escapó a Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición.
“Busca victimizarse”
“Lo que está haciendo Alan García es victimizarse en la misma lógica que Toledo. No es igual que nuestro caso”, dijo ayer Humala, quien estuvo nueve meses en prisión preventiva con su esposa Nadine por el caso Odebrecht.
29
millones de dólares en coimas a lo largo de tres gobiernos, pagó la constructora brasileña en Perú.
12 países de Latinoamérica tuvieron obras con Odebrecht.En tanto, Fujimori permanece en una clínica en calidad de detenido y debe volver a prisión cuando sea dado de alta, después de que la justicia anulara el 3 de octubre el indulto que obtuvo en diciembre de 2017 mientras cumplía una condena de 25 años.
Aunque el expresidente de ancestros japoneses no está involucrado en el caso Odebrecht, este caso salpica a su primogénita, la líder opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde hace 19 días acusada de recibir aportes ilegales de campaña de la firma brasileña en 2011.
“Fiscalía seguirá investigando”
A pesar del pedido de asilo, la fiscalía “no va a parar sus investigaciones (contra García) por ninguna circunstancia”, advirtió este lunes el fiscal Rafael Vela, jefe del equipo encargado del caso Odebrecht.
García, de 69 años, denunció la semana pasada que el sistema judicial está “descabezado” por una supuesta intervención gubernamental, pero el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, rechazó sus afirmaciones.
No es la primera vez
° Ésta es la segunda vez que García solicita asilo. En 1992 pidió refugio en la embajada de Colombia tras el autogolpe de Fujimori y luego se exilió en Bogotá.
La justicia prohibió a García salir de Perú durante 18 meses, después de que la fiscalía ampliara una investigación por supuestos sobornos pagados por Odebrecht con el fin de adjudicarse un contrato para la construcción de la primera línea del metro de Lima durante su segundo mandato.
En Colombia
Piden fiscal especial
° El escándalo que envuelve a la investigación por el caso Odebrecht en Colombia y compromete al fiscal general, requiere que se nombre a un fiscal especial que llegue “hasta el fondo” de la trama de corrupción, dijo ayer el presidente Iván Duque.
° Duque apoyó la propuesta que comenzó a abrirse paso ante una serie de revelaciones periodísticas que sugieren que el jefe del organismo investigador, Néstor Humberto Martínez, conoció de irregularidades que no denunció cuando era abogado de Corficolombiana, socio de Odebrecht en Colombia.
° Martínez se apartó en abril de 2017 de la investigación sobre el esquema de sobornos que montó la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la concesión de contratos de obras diversas.
° El caso tomó un giro dramático en Colombia, tras la muerte el 8 de noviembre del auditor Jorge Pizano, del consorcio que formó la firma brasileña junto con la local Corficolombiana para la construcción de la millonaria Ruta del Sol II, vía que comunica el centro con el norte del país.
° Tres días después su hijo falleció envenenado con el cianuro que bebió de una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre. Ambas muertes están bajo investigación.
Según audios grabados por Pizano y difundidos en medios tras su fallecimiento, el entonces abogado Martínez fue informado de los delitos que habría cometiendo Odebrecht.