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Comisión registra 300 casos de persecución correísta

NOV, 16, 2018 |

EXPLICACIÓN. En las audiencias públicas, las víctimas entregaron información sobre sus procesos judiciales.

Después de 26 audiencias públicas y dos entrevistas en privado, la Mesa por la Verdad y Justicia del Consejo de la Judicatura escuchó a 63 víctimas de la persecución política del correísmo y, en los resultados preliminares, identificó un patrón usado por el Estado para perseguir. 

La Mesa tiene registrados más de 300 casos. De estos, 28 se trataron en audiencias, por su relevancia.  Ayer concluyeron las presentaciones de la expresidenta de la Unión Nacional de Educadores Mery Zamora, los ‘10 de Luluncoto’, los involucrados en el 30-S, los ‘3 de Chimborazo’, entre otros. Del análisis de todos los casos, se evidenció una conducta similar de persecución, indicó la vocal temporal Angélica Porras. 
 

Cómo funcionó
El patrón inicia con la denuncia de una persona u organización, después de una protesta social o cuando alguien expresaba una postura contraria al Régimen de Rafael Correa.

Después, se evidenciaba una “respuesta comunicacional del Estado encaminada a crear a un supuesto delincuente”. Acto seguido, “el Estado buscó dar órdenes a los jueces y, en muchos casos, sentenciar en manera previa”, explicó Porras.

EL DATO
Las audiencias de ayer se realizaron en el Complejo Judicial Norte, en Quito.
La respuesta del Estado frente a los casos de defensa de los derechos de la naturaleza, fue “muy violenta”, añadió. Además, en relación con los pueblos indígenas, hubo violación al debido proceso y, como consecuencia, las comunidades afectadas ya no pueden ejercer su jurisdicción indígena. 

Finalmente, se evidencia el uso de tipos penales “muy graves”, como terrorismo, sabotaje, resistencia, secuestro, y que no existe un solo proceso penal o civil contra una persona, sino varios. 

La Mesa por la Verdad y Justicia tendrá listo el informe preliminar para el 10 de diciembre y para fines de ese mes estará listo el definitivo. Para este último, se recibirán las pruebas de descargo de posibles victimarios, como jueces y fiscales, en su derecho a la defensa. (AGO)

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