103 denuncias de violencia sexual contra clero del país

Exigencia. Familiares y amigos de las víctimas del cura cuencano César Cordero Moscoso llegaron a la Fiscalía, en Quito, en junio, para reclamar justicia.
Exigencia. Familiares y amigos de las víctimas del cura cuencano César Cordero Moscoso llegaron a la Fiscalía, en Quito, en junio, para reclamar justicia.

103 denuncias por abuso sexual involucran al clero ecuatoriano. Tras una investigación de meses, el programa Visión 360, de Ecuavisa, proyecta esta cifra impugnadora. Y, sin embargo, es un subregistro, con casos en firme ocurridos en Guayas, Pichincha, Azuay, Los Ríos…

Los abusos del cura César Cordero, denunciados inicialmente por diario El Mercurio, y los del cura Luis Intriago, documentados por el portal GK, se recrean en el reportaje producido por Ramón Murillo.

El hermetismo de la cúpula eclesial es un dique con el cual chocan las víctimas y sus familiares.

Así lo expresó María Palacios, la representante principal de los familiares agrupados en la Asociación por la Lucha y Protección de Sobrevivientes de Abusos Sexuales en Ecuador.

Palacios dijo a este Diario que es lamentable la decisión de la Iglesia de no entregar información a los familiares de las víctimas ni formular, ‘motu propio’, denuncias a la Fiscalía, tal como lo indica la disposición establecida en el informe de la comisión de la Asamblea que trató los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, particularmente en el ámbito educativo.

Palacios señala que los familiares continuarán exigiendo a la Asamblea que reforme la legislación vigente, tal como lo estableció la Consulta Popular de este año, para que este tipo de delitos de abusos a menores sean imprescriptibles. “Sino se establece la imprescriptibilidad no podrían ser juzgados y quedarían libres” sostuvo Palacios.

La Hora solicitó ayer sin éxito una reacción de la Conferencia Episcopal en su calidad de institución rectora de la Iglesia Católica en Ecuador. Su departamento de Comunicación, sin embargo, expresó que se mantiene en plena vigencia el pronunciamiento del 31 de mayo anterior, en el cual rechaza estos actos, se solidariza con los familiares y se compromete a colaborar con las investigaciones, incluso con métodos de transparencia de información y presentación de denuncias. (JCE)