Rosalía Arteaga Serrano
En Ecuador la capacidad de asombro está llegando a límites insospechados, cuando nos enteramos, casi que cada día, de situaciones que rebasan lo que puede construir hasta la más febril imaginación.
Así, el asilado político que por más de seis años, que le ha costado al país una importante cantidad de recursos y dolores de cabeza en sus relaciones internacionales, ha decidido demandar al Ecuador cuando, finalmente, se están imponiendo condiciones para su incómoda permanencia en la Embajada en Londres.
Es el otrora admirado juez Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial en España, quien funge como abogado de Julián Assange en su causa en contra del país. También nos ha dejado de perplejos el sindicado por la justicia Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación y de otras carteras de Estado, durante el gobierno de Rafael Correa. Con facilidad ha burlado a la justicia deshaciéndose del grillete electrónico, aparentemente muy seguro y se ha fugado en una especie de saga en la que va dejando pistas.
En estos dos casos, en el affaire Assange sigue pendiente el grado de responsabilidad de la exministra de Relaciones Exteriores, ahora Presidenta de la Asamblea General de ONU. En el segundo, la fuga de Alvarado, el papel de las autoridades de turno: Ministra del Interior, Ministro de Justicia y Fiscal General, quienes están obligados a informar en detalle lo ocurrido y transparentar quiénes estaban encargados de evitar la fuga.
Estos escándalos hacen que la fe pública en las instituciones tambalee y que sintamos que asistimos a una parodia de incalificables consecuencias, con ejemplos nada edificantes para las nuevas generaciones que se mueven, más que por las enseñanzas teóricas, por lo que miran en su entorno.