Paúl Granda, secretario de la Política y ministro de Justicia encargado, presentó ayer su renuncia al presidente, Lenín Moreno, quien, según se conoció anoche, lo habría ratificado en las funciones.
Lamentó no haber sido informado de las falencias que venían ocurriendo dentro del sistema de control electrónico de personas, que maneja el Ministerio de Justicia a través de una sección del ECU-911. “Llevo casi dos meses y jamás conocí nada de esto”, dijo, tras afirmar en la fuga de Fernando Alvarado fue obra de funcionarios encargadas del monitoreo de los dispositivos.
Indicó, también, que nunca fueron notificados ni el Ministerio de Justicia ni el juez que lleva la causa sobre las 245 ocasiones que fue retirado el dispositivo del exfuncionario de Rafael Correa, según un informe remitido ayer por la empresa proveedora del sistema electrónico. Adicionalmente, se registraron 525 alertas que emitió el grillete del hoy prófugo de la Justicia.
Hay más casos
Similares problemas se habrían registrado en 103 grilletes, por lo que se ha dispuesto la investigación de cada uno de ellos. A escala nacional, 2.400 personas que tienen libertad controlada, cargan estos aparatos electrónicos.
Cuando se le preguntó sobre el grillete intacto de Alvarado, encontrado en una quebrada de Quito, respondió que en este caso “seguramente existe corresponsabilidad”. “Unas 50 personas están siendo investigadas, pero hay cuatro empleados (dos Quito y dos en Guayaquil), que tenían la posibilidad de abrir los dispositivos”, comentó.
Hace pocas semanas, la asambleísta correísta Sofía Espín y una abogada vulneraron las seguridades de un reclusorio en Quito, para visitar a la exagente Diana Falcón, implicada en el caso del secuestro de Fernando Balda. (SE)