A través del Decreto 537, firmado por el presidente, Lenín Moreno y Richard Martínez, ministro de Finanzas, se derogó el Decreto 1218, emitido en 2016 por Rafael Correa. Esta normativa establecía una metodología de cálculo que dejaba fuera del registro del endeudamiento público a obligaciones como los Certificados de Tesorería (Cetes), préstamos del Banco Central, preventas petroleras, pasivos con Petroamazonas, pasivos con empresas petroleras extranjeras y otras obligaciones de corto plazo.
Con esto, el anterior Gobierno redujo de manera artificial la deuda pública, con el fin de que no superara el límite legal del 40% del PIB. Ahora, con la derogatoria de Moreno, se vuelve a la metodología anterior de contabilización del endeudamiento, donde se toman en cuenta todas las obligaciones por pagar que tiene el Estado.
Endeudamiento sin control
La Contraloría General del Estado (CGE), en su examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa, durante el periodo primero de enero de 2012 y 24 de mayo de 2017; y el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI), en su momento, consideraron que el Decreto 1218 permitió una manipulación antitécnica de la normativa para abrir el camino, sin control, a un mayor endeudamiento público.
EL DATO
La deuda, tomando en cuenta todos los pasivos del Estado, asciende a 59.258 millones dólares, es decir, 56% del PIB.La economista Maribel Fernández explicó que cuando el gobierno de Correa emitió el Decreto, el 20 de octubre de 2016, la deuda pública estaba en 38,4% del PIB. “En un año de baja de ingresos, y con cero ahorros, se buscó una triquiñuela legal para reducir el endeudamiento y seguir levantando fondos sin rendir cuentas a nadie”, cuestionó.
Martínez, a pocos días de llegar al Ministerio, volvió a publicar el boletín de deuda, e incluyó todos los pasivos del Estado, a pesar de que seguía en vigencia el Decreto 1218. (JS)