La Fiscalía indica que 7 de ellos ya han sido detenidos. Un análisis del hecho trágico.
Redacción GUAYAQUIL
La Fiscalía del Guayas indaga a unos 20 sospechosos de haber participado en la turba que terminó con el linchamiento y muerte de tres personas. Todo por un rumor…
Las pesquisas comenzaron desde la noche del martes y pusieron a la cabeza del proceso al fiscal Jefferson Caicedo, de Playas, quien ordenó la revisión de elementos como los videos publicados en redes sociales, en los cuales se observa a un grupo de pobladores provocando la muerte de los tres detenidos y la destrucción de las instalaciones policiales, dos vehículos y cinco motocicletas.
La autoridad procedió ayer al reconocimiento de la UPC que fue quemada y de la cual la turba sacó a los tres sospechosos para asesinarlos en la calle. El fiscal Caicedo reiteró que los fallecidos estaban sindicados en un presunto delito de robo.
De su lado, María Paula Romo, ministra del Interior, indicó sobre lo ocurrido que fue “una actuación para la que una UPC no está preparada. Una UPC no tiene un contingente de antimontines para contener a 2.000 personas”.
Mientras tanto, la mujer que fue víctima del robo de su dinero y su teléfono celular confesó que los ahora fallecidos la interceptaron en un auto tipo taxi y la obligaron a subir en él, se limitaron a arrebatarle sus pertenencias, pero no a secuestrar a su hijo.
La Fiscalía del Guayas, de su parte, comenzó la indagación para determinar las reales causas que provocaron los actos violentos.
Dispuso que la Unidad Especializada de Personas y Garantías de Guayaquil vaya a Posorja a investigar, con apoyo de la Policía, para identificar a los responsables de los delitos que se hubieren cometido en esa jurisdicción.
El Estado débil
Marco Pacheco, comisionado de la Defensoría del Pueblo en Guayas, leyó un manifiesto en nombre de la defensora Gina Benavides, en el cual se señala que las causas para un linchamiento están en las condiciones económicas, políticas y sociales de una sociedad y reflejan la debilidad del Estado, particularmente las deficiencias del sistema de administración de justicia.
A la par se hizo un llamado a las autoridades de Gobierno, seccionales, medios de comunicación, líderes políticos y religiosos a no naturalizar este fenómeno; por el contrario, a dimensionar la gravedad de este tipo de actos y su impacto sobre la configuración de una sociedad democrática y la generación de respuestas efectivas para su prevención y erradicación. (DAB)
Seis voces rechazan la naturalización de la violencia
Enrique Herrería, jurista
“Hay un viejo sociólogo que trata desde una visión interesante lo que él denomina la anomia, que es el relajamiento de las costumbres en la sociedad, la falta de creencia de ciudadanos en la validez de las instituciones, el irrespeto a la norma jurídica y la falta de confianza en el sistema de justicia para la aplicación correcta del derecho. Cuando esto se da viene una etapa de caos, por lo que lo ocurrido en Posorja no es solo en esa jurisdicción: son casos que se repiten en el país. Es imprescindible que el Estado y las instituciones políticas, entren en un análisis profundo sobre qué genera estos hechos lamentables”.
Vladimiro Álvarez, exministro de Gobierno
“Creo que la actuación de los pobladores de Posorja se debe a la indignación generalizada respecto de los delincuentes que abusan de los niños y a la desconfianza en el sistema de administración de justicia en el país. Cuando cree que alguien es responsable de este tipo de delitos detestables, prefiere no acudir a la justicia, porque desconfían de la imparcialidad de jueces debido a presiones políticas, económicas o de otra naturaleza. La Policía cumplió con detener a los presuntos responsables de un delito de robo y no es la entidad la encargada de sancionar a alguna persona imputada de un hecho”.
Billy Navarrete, Comité de Derechos Humanos
“Este es un hecho de barbarie que no se justifica bajo ningún punto de vista, se presenta como una crítica muy severa y directa a la institucionalidad del Estado, frente a la seguridad ciudadana. Tomarse la justicia por mano propia es porque las instituciones que deben velar porque los derechos ciudadanos estén cubiertos, no actúan, y entonces viene el atajo de toda una población para el ajusticiamiento de un presunto autor de un delito. Esto se suma a que Posorja, siendo la parroquia rural más grande de Guayaquil, esté excluida y no cree en las autoridades de justicia por ser víctima de muchas impunidades”.
Ricardo Camacho, experto en seguridad
“Las redes sociales contribuyeron mucho para una mentira, desde hace un mes se venía contando una historia sobre una banda de roba niños, lo que en el cuadro mando integral de la Policía no aparece, viene el tema de Posorja, donde una vez gestado en redes sociales con una página que habla de quemar a personas, el populacho empieza a unirse desde las 13h00 y como a las 14H00 se dan los hechos, es decir, la Policía tuvo dos horas para pedir ayuda a los destacamentos de Playas o Guayaquil, y me parece impresentable la acción policial, por último si tenían bombas lacrimógenas, las hubiesen usado para dispersar a la turba”.
Nelsa Curbelo, activista Serpaz
“Creo que lo ocurrido en la parroquia de Posorja se debe a un estado de violencia colectiva producto de un hartazgo de la población, que reacciona con indignación cuando cree que le estaban robando sus niños… Sin embargo, estimo que esto no justifica una acción violenta que terminó con muertes, como lo ocurrido la tarde del pasado martes, cuando la gente reaccionó pensando en que alguien está causando daño a los niños. Cuando existe un estado de violencia colectiva es difícil ejercer un control para evitarla y esto se traduce en una acción grave de irreversibles consecuencias”.
Carlos Tutivén, sicólogo de la U. Casa Grande
“Los hechos presentan en las personas un imaginario respecto del funcionamiento de la justicia, donde el pueblo se harta. Cuando las turbas se incendian, una culpa colectiva se solapa con silencio; sin embargo, la interrogante es: qué está pasando en el tema del rumor, la sospecha y la verdad, por qué no tenemos un espacio de legitimidad y credibilidad para decir esperemos el resultado de una investigación. Lo que más me interpela es la credulidad de las masas que viene de la mano de la experiencia real que la justicia no funciona. Esto viene como un coctel sociológico que estalla”.