Lo dijimos

ORLANDO AMORES TERÁN

«La Constitución Montecristi fue traicionada, para quienes queríamos cambios en democracia. Creó dos funciones de Estado adicionales (204y217), para concentrar más poder en el ejecutivo, que influirá en la selección de los 10 encargados de escoger a los representantes de los órganos públicos y de control (208n10,11,12y209). Es cínico hablar de participación ciudadana, cuando 6 delegados (434), de las tres funciones que controla la presidencia: Legislativa, Ejecutiva y Transparencia-Control Social, son los que eligen la Corte Constitucional, que califica la constitucionalidad de todos los actos de los órganos públicos.» (La Hora 17.09.08). Hay que superar esta situación con una Consulta que pregunte al pueblo si autoriza eliminar definitivamente, el Cpccs. Además, para que se cambie la denominación de Asamblea por Congreso bicameral.

Para eliminar la función «electoral»; y cambiar la denominación de CNE, por Tribunal Supremo Electoral. Volver a la denominación de Corte Suprema. Todos elegidos por votación popular. Mantener y reforzar con mayor independencia y atribuciones, a las tres funciones del Estado (Legislativa, Ejecutiva y Judicial). Porque todas estas otras instituciones fueron parte de la consigna nefasta castro-narco-comunista, para controlar a la administración pública. Cuando las FARC nos hablan de paz. Glas de inocencia. Castro de democracia. Santos de lealtad. Yangamanahisca de honestidad. Maduro de progreso. Petro de gerencia; constatamos que estamos en el estercolero de la historia. Es hora de impulsar cambios. Cuatro son las leyes de sometimiento en todo régimen totalitario: Prohibición de portar armas. Impuestos excesivos. Multas extorsivas por contravenciones de tránsito. Cárcel por obligaciones laborales. Hay que exigir reformas inmediatas a la Ley de Tránsito. Inadmisible esa ley gangsteril. Hemos de exigir nos devuelvan el derecho a portar armas. Obligar a recuperar el dinero atracado, instaurar enjuiciamientos por enriquecimiento ilícito, a todo sospechoso de testaferrismo; ahí aparecen los beneficiarios de la década infame. Es la tarea para asambleístas no comprometidos con el narco-terrorismo.

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