Este informe fue presentado por Marcelo Merlo y corresponde al período 2011-2013.
El Consejo de la Judicatura transitorio identificó irregularidades en dos contratos para la construcción de unidades judiciales en el periodo 2011-2013, cuando se decretó la emergencia en la Función Judicial.
La Dirección de Infraestructura Civil de la Judicatura realizó un estudio a los contratos de consultorías, construcciones y fiscalización, cuando Paulo Rodríguez Molina era el titular de la Judicatura, y encontró que en dos contratos hubo nexos familiares, uno en la que los parientes estaban en la nómina y otro en el que hubo contratistas relacionados en cinco obras.
Este informe fue presentado por el presidente de la Judicatura, Marcelo Merlo, al contralor general, Pablo Celi, para que se haga una auditoría a la contratación de 87 obras, 51 contratos de fiscalización y 56 contratos de consultorías.
Los contratos
El primero fue la construcción del Palacio de Justicia de Guayaquil, por 20,8 millones. C&C Constructores Asociados, la empresa a la que se le adjudicó el contrato, tenía como parte de su nómina a Eduardo Naranjo Molina y Patricio Naranjo Molina (superintendente de obra), y a los técnicos Andrés Naranjo Coello, Javier Naranjo Coello y Franklin Naranjo Díaz. Ellos son primos del expresidente de la Judicatura Rodríguez, según el organismo.
En 2014, cuando diario El Universo publicó una investigación sobre los contratos del periodo de transición en la que se detallaban las irregularidades denunciadas por la Judicatura actual, Rodríguez confirmó que el superintendente era su primo en segundo grado. Para esa publicación dijo también que “ni el Pleno del Consejo ni ninguno de sus miembros participó jamás en la selección de proveedores”.
Los socios de esa constructora, Patricio Cabal Bravo y Jorge Luis Coppiano, obtuvieron además dos contratos cada uno. Cabal por las remodelaciones de las unidades en el Albán Borja, por 1,8 millones, y en Milagro, por 0,9 millones. Coppiano realizó la remodelación de la unidad Guayaquil centro, por 3,1 millones, y la construcción en la unidad de Samborondón, por 2,8 millones.
La Hora buscó el criterio de Rodríguez a través de correo electrónico, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
EL DATO
La Judicatura analizará también las obras construidas durante la presidencia de Gustavo Jalkh. El segundo caso es el de contratistas relacionados en cinco obras, que estaban centralizados en las constructoras Smartbilden y Advanced Construction Concepts, “familiar y societariamente”, según la Judicatura.
Andrés Paredes King, empleado de Smartbilden, tuvo el contrato de construcción de la unidad de Otavalo (7,7 millones). David Valencia Rodríguez, accionista de Smartbilden, tuvo a su cargo la construcción en Quero (2,4 millones) y en Salcedo (1,9 millones). Su padre, Jaime Valencia Villamar, accionista de Advanced Construction Concepts, tuvo el contrato de construcción en Latacunga (7,1 millones). Y Smartbilden ejecutó la obra de la constructora Selvanorte en Esmeraldas (2,1 millones).
Este Diario buscó la postura de Smartbilden en la dirección que se encuentra en su red social y en páginas amarillas, pero se cambiaron de ubicación sin conocerse sus nuevos datos.
Investigación
El 24 de enero de 2013, Rodríguez presentó su rendición de cuentas “con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido”. Señaló que se crearon 40 unidades judiciales nuevas y que se entregarían otras 200 en 141 cantones.
Cuando ingresó la administración de Gustavo Jalkh, “lo primero que hizo es emitir el oficio 001 a la Contraloría pidiendo un examen especial sobre las obras entre 2011-2013”, explicó a La Hora, el exdirector general de la Judicatura Tomás Alvear.
La Contraloría, en ese entonces dirigida por Carlos Pólit, realizó exámenes y “ya dio la respuesta”, dijo Alvear, sin especificar cuál fue la conclusión. En una entrevista radial, Jalkh indicó que no tienen nada que ocultar y que se hagan las auditorías que se consideren pertinentes.
Mientras que Merlo señaló que se deberá esperar los resultados de Contraloría para definir si hay indicios de responsabilidades. (AGO)