Mariana Velasco
La legitimidad política se asienta en las ideas de orden y de justicia. Sin embargo, la “metida de mano en la justicia”, sirvió para ocultar situaciones de injusticia que se mimetizan, perpetúan y naturalizan, descuidando la dimensión trascendente que apunta a las políticas públicas basadas en los Derechos Humanos.
Justicia para “Los 10 de Luluncoto” es impostergable. Requerimos de funcionarios y servidores públicos con arraigadas bases éticas, con conocimientos y con voluntad para cimentar el cambio de un país en crisis como el nuestro, a partir del buen desempeño de la justicia. La actividad u omisión del Estado dentro del ámbito contractual y el incumplimiento de cualquiera de sus funciones, es susceptible a causar daños a particulares y la más elemental noción de equidad y justicia requieren ser reparados por su autor; esto es, el Estado.
¿Acaso todo hecho primero debe ser probado? ¿Los hechos merecieron juicio y condena las personas acusadas? Es lo que debe resolver la Mesa de la Verdad y Justicia, organizada por el Consejo de Judicatura para determinar si jueces y fiscales violaron el debido proceso y si Fadua, Cristina, Abigaíl, Royce, Pablo, Santiago, Víctor, Marcelo, Héctor y César fueron perseguidos políticos. De ser así, merecen superar todo lo que un sistema de justicia les quitó.
Debieron pasar seis años para que la Defensoría del Pueblo ofreciera disculpas públicas a “Los 10 de Luluncoto”. En el país sobran ejemplos de cómo la figura de terrorista fue manipulada para acusar a personas quienes en su mayoría pensaban de forma diferente al gobierno de la época. No bastan disculpas. Sin excusas ni pretextos, el Estado debe reparar los daños .
El caso de “Los 10 de Luluncoto”, detenidos en marzo del 2012, estremeció la conciencia ciudadana. Hace un par de años, la sala Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró extinguida la pena durante la audiencia de casación. Todos fueron procesados por terrorismo, aunque la sentencia final los halló responsables por tentativa para organizar actos terroristas. Ellos quedaron libres entre el 2013 y 2015.