Los periodistas mantienen expectativas y piden más garantías para su trabajo.
Hoy se dará el primer debate en el Pleno de la Asamblea sobre las reformas a la Ley de Comunicación. Del primer informe, aprobado por la Comisión de Derechos Colectivos, se confirma la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), la venta de los medios incautados en el Régimen anterior y la nueva composición del Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom).
También, se pide la protección a los trabajadores de la comunicación y sus familias y la supresión de la figura de linchamiento mediático. Para la conformación del Cordicom, el proyecto propone siete integrantes con derecho a voto, y otros seis que tendrán solo vocería. El primer grupo estará integrado por representantes de instituciones estatales, regionales, educativas y grupos étnicos; y el segundo por delegados de los medios públicos, privados, comunitarios, trabajadores de la comunicación y de organizaciones ciudadanas.
Una nueva legislación
César Ricaurte, director de Fundamedios, considera que estas reformas deben ser manejadas bajo el concepto de que la Ley fue creada originalmente como un “Frankenstein, donde el Estado se creía con derechos de controlar la libertad de expresión”.
“¿Es posible transformar esas instituciones para que cumplan un rol en democracia?”, se pregunta Ricaurte, quien, a su vez, ha hecho un análisis del informe. “Hay avances sustanciales en algunos puntos críticos. Dos, por ejemplo: el derecho a la rectificación y el papel de la Defensoría del Pueblo”, agrega. Además, expresa preocupación por la figura del Cordicom que nace de las reformas, debido a que el Estado aún mantiene control.
5
años tiene de vigencia la Ley. Por otro lado, la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Guadalupe Fierro, afirma que este es un debate “que no debe dejar de darse, porque habla de la clase de democracia que queremos en el país”.
“Nos interesa mucha protección a los periodistas y saber cómo se analizarán los eventuales problemas entre el periodismo y el poder judicial”, agrega Fierro.
Además, la UNP participó en las reuniones que convocó la Comisión de Derechos Colectivos para dar sugerencias. Una de ellas ha sido cómo el Estado se ve como regidor de las comunicaciones y la eliminación de figuras jurídicas que promueven el linchamiento mediático.
“Todavía persisten ciertas figuras ambiguas dentro de las reformas. Por ejemplo, visiones ideológicas que se le dan a los organismos juzgadores de la comunicación”, concluyó Fierro. (JDC)