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Alistan debate sobre registro de ofensores sexuales

SEP, 22, 2018 |

CASO. En el colegio Aampetra, en el sur de Quito, un profesor abusó durante un año de sus 41 alumnos.

Está en la Comisión de Justicia, y el informe para el primer debate estará en octubre.
 

Para finales de octubre estará listo el primer informe del proyecto de Ley para el registro de violadores de niños. Introducido ante la Comisión de Justicia por la asambleísta Lourdes Cuesta, esta ley busca evitar que agresores sexuales condenados trabajen en entornos con niños.

“No es solo profesores, o personal del ámbito educativo. Es cualquier persona que cometió un delito de abuso sexual contra niños”, explica Cuesta, quien contó con el apoyo de organizaciones como Rescate Escolar y Plan Internacional para delinear el primer borrador del proyecto. 

Entre 2014 y 2017, según datos de la Dirección Política Criminal de la Fiscalía, se reportaron 13.671 denuncias por abuso sexual, de las cuales, 3.575 fueron a menores. Además, Unicef señaló que, de los casos registrados en Ecuador, solo se denuncia 15% y solamente un 5% es sancionado. 

“Todas estas cifras están estipuladas en la exposición de motivos del proyecto. Una vez que se dé el debate dentro de la comisión, llevaremos expertos para que hablen sobre la alta reincidencia de estos criminales”, indicó Cuesta. 
 

Contexto global

13.671
denuncias de abuso sexual se reportaron en 3 años. 
De aprobar esta ley, Ecuador se unirá a otros países de América Latina que mantienen mismas legislaciones: Argentina, Chile y El Salvador. Mientras que en Colombia y Bolivia han pasado del primer debate dentro de sus respectivos parlamentos. 

“En Estados Unidos la Ley Megan es más estricta. Las autoridades obligan a estas personas a presentarse, puerta por puerta, en el barrio donde viven, e indicar que son ofensores sexuales. Nosotros aún no tenemos esa capacidad técnica, pero es un primer paso”, agregó Cuesta. (JDC)

Lo que dice el proyecto
°  El Ministerio del Interior sería el encargado de llevar el registro y no será de acceso público. Estarán incluidos los condenados por los cargos de trata de personas, inseminación no consentida, privación forzada de capacidad de reproducción, estupro, acoso sexual, distribución de material pronográfico a niños y adolescentes, abuso sexual y violación, entre otros. 

3.575
fueron a menores
El registro contendrá los datos filiatorios de los condenados, así como otra información que permita su seguimiento. Una vez que esta persona haya cumplido su pena, se incluirá en el registro su dirección de domicilio y lugar de trabajo. No podrá desempeñar ningún cargo público, o en el sector privado que involucre a niños. También, quedará a discreción de empleador, pedir certificado dentro de este registro. 

“Se piensa en el bien mayor de una población de riesgo”, se lee en la exposición de motivos del proyecto que se apruebe este requisito (certificado de no habilitado) a cada persona que sea sospechosa de haber sido condenada por un delito sexual a menores de edad. 

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