Montúfar reconoció su firma y dio su versión en la Asamblea. No hay un pronunciamiento del expresidente.
Un “esquema de corrupción” en el gobierno de Rafael Correa es lo que denunció el político César Montúfar el 5 de marzo y que ayer lo ratificó en la versión que dio en la Fiscalía General, que abrió una investigación en contra del exmandatario y del exvicepresidente Jorge Glas por presunta delincuencia organizada.
Este es el segundo caso por el que Correa es investigado, aunque sí es el primero dentro de la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebretch, que pagó sobornos para la adjudicación de contratos.
La Fiscalía inició la investigación por delincuencia organizada también en contra de Alexis Mera, exsecretario jurídico de Presidencia; los exfiscales Galo Chiriboga y Carlos Baca Mancheno; el excontralor Carlos Pólit, y el exprocurador Diego García, a partir de la demanda presentada por el exasambleísta.
“La corrupción durante el gobierno de Correa dejó de ser un hecho aislado y se transformó en un esquema institucionalizado”, dijo el político, quien considera que desde “la cúpula del Estado se organizó el esquema de corrupción modificando leyes, firmando decretos, cambiando instituciones y nombrando a personas de confianza en los sectores estratégicos”.
Alcance de la demanda
La delincuencia organizada, según Montúfar, se configuró porque “Rafael Correa no actuó solo”, sino que el resto de investigados “eran parte de un mismo grupo en una estructura delincuencial de carácter jerárquico en la que cada uno cumplía su rol”.
EL DATO
El otro caso por el que se le investiga a Rafael Correa es por el presunto delito de secuestro en contra del político Fernando Balda. Por eso cree que la Fiscalía no debe investigar casos aislados. En ese sentido, su abogado, Julio César Sarango sostiene que “los roles están claramente establecidos”. Por ejemplo, el expresidente emitió decretos para designar a los responsables de los sectores estratégicos.
El exvicepresidente manejó el sector estratégico y “era quien buscaba el financiamiento”. “También están los informes del secretario jurídico, la intervención del procurador, las acciones de los ministros de Hidrocarburos”, agregó.
Además, según el demandante, existe un concurso real de infracciones, por lo que considera que la Fiscalía también debe tomar en cuenta presuntos delitos de lavado de activos, cohecho y asociación ilícita. Para esto, solicita celeridad y agilidad de la Fiscalía.
Hasta el cierre de esta edición, Correa no se pronunció sobre el tema en sus redes sociales. Tampoco lo hizo su defensa técnica que señaló que es el expresidente el que dará su criterio y que ellos no emitirán comentario alguno. (AGO)