Las denuncias por cobros irregulares en Asamblea no cesan

POSICIÓN. En el Pleno de la Asamblea la discusión fue acalorada ayer sobre el tema.
POSICIÓN. En el Pleno de la Asamblea la discusión fue acalorada ayer sobre el tema.

Una asesora llegó a darle a un asambleísta 35.000 dólares antes de ser despedida.

En mayo de 2013, Elizabeth Guachilema Moreta comenzó a trabajar con el asambleísta Raúl Auquilla (CREO), con el cargo de asesor 2. Luego de 18 meses, en noviembre de 2014, fue removida de su cargo por Auquilla. Pero, durante todo ese tiempo ella era obligada a entregarle mensualmente 1.000 dólares de su salario para mantener a una persona que supuestamente iba a ocupar el cargo de asesor 1, pero que nunca llegó.

“El asambleísta me dijo que esta persona tenía una discapacidad, nunca especificó cuál, y me pidió que de mi salario sacara 1.000 dólares porque con lo que ganaría el asesor 1, no le alcanzaría para cubrir sus gastos. Pero luego me di cuenta de que nunca venía a la Asamblea y nadie, más allá del señor Auquilla, sabía quién era”, asegura Guachilema, quien lleva más de 15 años trabajando en el Legislativo.

“No sólo eso. El ingeniero Raúl también me pedía que le pagara las idas al autolavado de su coche, sus medicinas para la diabetes y hasta un perfume que le regaló a su esposa”, agrega la funcionaria, que actualmente trabaja para la asambleísta Jeannine Cruz (CREO).

Además, antes de que a Guachilema le ofrecieran el cargo de asesor 2 en 2013, Auquilla le pidió prestados 6.000 dólares porque “acababa de salir de una campaña y necesitaba el dinero para cubrir algunos gastos políticos”. “Se los presté porque confiaba en él. Luego quedé muy decepcionada”.

Pagos y ‘préstamos’
Al dejar de trabajar con el asambleísta, recurrió a un abogado, quien negoció con Auquilla para que le devolviera todo el dinero. “Entre los pagos que di por 18 meses, más los 6.000 que le presté y otros gastos, sumaron 35.000 dólares. Mi abogado habló con él y le dijo que su proceder había sido incorrecto y que, si no pagaba, iría a tribunales”.

5.000
dólares gana un asambleísta. “Entre mayo y julio de 2015 él me pagó en tres transferencias: dos de 10.000 y una de 15.000. Pero, así me haya cancelado, el asambleísta incurrió en un acto de corrupción y no me molesta denunciarlo”, aseguró Guachilema.

Consultado por La Hora, Auquilla contestó que todos los montos que le solicitó a Guachilema fueron parte de “préstamos” y que fueron cancelados. “Nosotros llegamos a un convenio de pago y yo le pagué todo. Es así de sencillo. Es más, cuando terminé mi primer período como asambleísta, la Contraloría auditó mis cuentas y yo estipulé esto”, aseguró Auquilla, quien confirmó que pagó los 35.000 dólares. (JDC)

La polémica llega al Pleno
° Con 114 votos a favor y tres abstenciones, ayer fue aprobada en el Pleno de la Asamblea, la resolución adoptada el miércoles por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que permite a los asesores y personal administrativo denunciar estos casos de ‘impuesto al trabajo’ ante las autoridades, sin perder sus puestos de trabajo.

114
votos aprobaron ayer la resolución en el Pleno. La presidenta del organismo, Elizabeth Cabezas, aseguró que esta resolución era un paso para preservar el buen nombre de la Asamblea y la lucha contra la corrupción puertas adentro. “Vamos a brindar todas las facilidades para que la Contraloría y la Fiscalía realicen las investigaciones necesarias”, indicó Cabezas.

Sin embargo, Fabricio Villamar, que impulsó ayer a través de su asesor, Pablo Santillán, un proyecto de resolución en la ventanilla de Gestión Documental, para que sea la Contraloría quien audite y revise todas las cuentas y las transacciones de los asambleístas y sus asesores, indicó a través de su cuenta de Twitter que la decisión del CAL “no resuelve nada” y aseguró que “es muy fácil decir: si tienen pruebas denuncien”. “Otra cosa es pedir una investigación cruzada de recursos entre los trabajadores y los asambleístas”.