Redacción QUITO
Pablo Santillán, abogado y funcionario de carrera de la Legislatura, presentó ante la ventanilla de Gestión Documental del parlamento, el proyecto de resolución para que la Contraloría investigue las cuentas y transacciones bancarias de los asambleístas y sus asesores.
«Para la próxima semana debería debatirse en el pleno», agrego Santillán, quien a su vez explicó que en el proyecto de resolución se pide a la oficina de Talento Humano del parlamento que informe a través de la Secretaría General a los despachos de los asambleístas para que pasen el listado de liquidaciones pendientes.
«Atado al cobro de cuotas para partidos políticos y otros gastos, hemos recibido denuncias de ex asesores que al negarse a seguir pagando, una vez que renuncian, les retienen el pago de sus liquidaciones», aseguró Santillán.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional aprobó ayer una resolución donde se garantiza que todas las personas que tengan conocimiento y pruebas sobre supuestos cobros de parte de los asambleístas a sus asesores, podrán hacerlo sin el riesgo de perder su trabajo.
La presidenta de esa función, Elizabeth Cabezas, indicó que dicha resolución busca mantener la coherencia de la lucha contra la corrupción dentro de la Asamblea y, además, “precautelar el buen nombre” del organismo.
“Además, si tenemos a asambleístas que conocen de otros asambleístas que están practicando estos cobros ilegales, la Ley de la Función Legislativa tiene los mecanismos para que puedan hacer la denuncia”, agregó.