Reformas legales para recuperar libertad de expresión recomienda relator de la CIDH

En el informe también señala que Ecuador experimenta una “transición desde el autoritarismo a un espacio cívico autónomo y democrático”.
En el informe también señala que Ecuador experimenta una “transición desde el autoritarismo a un espacio cívico autónomo y democrático”.

Redacción QUITO

Con una serie de recomendaciones de que a la brevedad posible Ecuador realice reformas a la Ley de Comunicación y otras normas legales que penalizan y dificultan el ejercicio de la libertad de expresión y el trabajo de la prensa, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó hoy su informe preliminar de su visita de cinco días al país.

Se trató de una visita oficial, es decir por invitación directa del presidente de la República, Lenín Moreno, algo impensable en la década del Gobierno anterior. En sus cinco días de vistas se reunió no solo con el jefe de Estado sino también con diferentes actores sociales y editores y responsables de medios de comunicación.

Lanza consideró indispensable que se modifiquen, por ejemplo, los artículos 182 y 396 que la mayoría oficialista cercana al expresidente Rafael Correa introdujo en el Código Orgánico Integral Penal. El primero de ellos tipifica como calumnia la conducta de quien por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de otra y dispone prisión de seis meses a dos años.

A la presentación de este informe asistió el representante de Fundamedios, organización de defensa a la libertades de expresión, César Ricaurte, quien opinó que “tenemos que asegurarnos que la reforma a la Ley de Comunicación sea integral, que cumpla los estándares, que se reformen los artículos del Código Integral Penal y que se reformen otras seis leyes que afectan el trabajo de la prensa.

En el informe también señala que Ecuador experimenta una “transición desde el autoritarismo a un espacio cívico autónomo y democrático”.

Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en la década del Gobierno de Correa “se “diseñó e implementó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar – mediante el uso del derecho penal y administrativo- a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y opositores políticos”.