Pablo Escandón Montenegro
Más allá de que la Corte Constitucional quiere lavar su imagen frente al poder y se pinta de cuerpo entero como una entidad política y no de criterio jurídico-científico, la derogatoria de la enmienda constitucional sobre el servicio público de la comunicación es algo notable. Notable es que quienes defendieron esta inclusión “ex post” como coro áulico, y arremetieron contra los medios, ahora están en mutis.
La comunicación es un derecho y todos podemos expresarnos sobre ella y ejercerla, pero no todos pueden interferir y decir cómo debe ser. Si así fuese, deberíamos acabar con las carreras de comunicación y las facultades en las universidades, así como los posgrados.
La comunicación como derecho y eje transversal debería incorporarse en los programas de estudios como eso, como derecho transversal de toda actividad, pero de allí a que todos sean expertos en comunicación hay mucho trecho.
Pero es importante dejar el ámbito de la discusión legal, pues un elemento tanto o más importante es el desarrollo y grado de innovación y transformación de las prácticas y acciones comunicativas de las empresas, instituciones educativas e investigadores, que nada tienen que ver con la Ley.
¿Tenemos medios innovadores? ¿Las universidades van con los tiempos digitales? ¿Los contenidos de la industria cultural son pertinentes?
Es cómodo remitirle a la Ley, al Presidente y a las autoridades el estancamiento de la comunicación, pero es crítico que tengamos medios del siglo pasado, sin convergencia, sin narrativas digitales, solo apuntalados en las redes sociales como sinónimo de innovación.
Es crítico que las universidades sigan pensando que los estudios de comunicación no deben cambiar ni ser convergentes y continuar con el modelo tradicional. Eso afecta más que el servicio público derogado.