Representantes de este sector piden que se designe un Superintendente de Bancos que no responda a intereses políticos.
El Estado trata de honrar una deuda social con los adultos mayores. Así, ayer en la Asamblea se aprobó por unanimidad la Ley para esta población.
La nueva normativa, que contó con 115 votos, se enfoca en la garantía de derechos de este grupo social de atención prioritaria, mediante políticas, planes y servicios especializados.
Programas integrales de gerontología, viviendas con facilidades y accesibilidad, apertura a iniciativas laborales específicas, seguridad social, nivelación académica son algunos de los ejes.
Sin embargo, uno de los criterios más sensibles que se desprenden de la ley es que defiende el derecho de los adultos mayores a exigir alimentación a sus círculos familiares más cercanos: cónyuges, parejas bajo unión de hecho, descendientes hasta un segundo grado de consanguinidad, etc.
En el país, más de 1,2 millones de personas tienen más de 65 años y casi la mitad son pobres.
En otro ámbito, representantes de jubilados esperan que el Consejo transitorio mantenga la resolución de cesar en el cargo del Superintendente de Bancos, Christian Cruz, y que su reemplazo tome medidas a favor de los sectores sociales.
Alfonso Yánez, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados, recordó que hace dos años denunció ante la ‘Súper’ de Bancos presuntas irregularidades en la seguridad social. (HCR)