Con esto se establecería una meta estructural de control del gasto público y se flexibiliza la austeridad.
Un manejo más transparente de la deuda, de su forma de contabilización y registro, además de mayores controles para el crecimiento del gasto público son los puntos principales del veto parcial, remitido por el Ejecutivo, a la Ley económica.
El 80% de las 66 objeciones al proyecto aprobado por la Asamblea, el 21 de junio pasado, son de forma y precisan terminología legal, en el 20% restante, un papel muy importante es el representado por los ajustes y añadidos para fortalecer la sostenibilidad fiscal. Así, mediante una modificación al artículo 123 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se establece que todo lo que tenga intereses y genere pagos de capital debe ser contabilizado como deuda pública, independientemente de su plazo.
Con esto, se permite calificar y registrar como endeudamiento a los 2.500 millones de Certificados de Tesorería (Cetes), 500 millones de preventa petrolera y 2.300 millones de la dación en pago de acciones de la banca pública al Banco Central del Ecuador (BCE).
Los beneficios
Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, considera que este cambio genera más transparencia en el manejo fiscal. “Esto representa el sinceramiento, como parte de la deuda, de 5 puntos del PIB (producto interno bruto)”, acotó.
Además, al mismo tiempo que se reafirma la disposición de que el BCE ya no puede prestar dinero al Estado a través de la compra de bonos, también se determina un canje, con bonos a largo plazo, de las acciones de la banca pública que se dio al organismo estatal como parte de la cancelación por los valores adeudados.
TOME NOTA
El Pleno de la Asamblea trataría el veto el 31 de julio.Según Richard Martínez, ministro de Finanzas, la deuda del Estado con el BCE asciende a los 6.000 millones de dólares y, en este sentido, este canje sirve para ir pagando esa obligación a lo largo de los próximos cinco años.
Otro añadido importante, esta vez en el artículo 124 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, es que aunque se mantiene la meta de déficit primario cero para 2021, también se incluye una restricción al gasto público. Así, se establece que “la meta estructural de largo plazo observará que el incremento del gasto del Gobierno central no supere la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía”.
Precisiones
En este punto, Esteban Albornoz, presidente de la comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, aseveró que se pedirá explicaciones y precisiones a Martínez y otros miembros del Frente económico, durante su comparecencia el lunes próximo.
EL DATO
Para allanarse al veto presidencial se necesita el voto de las dos terceras partes y, para ratificar el texto aprobado, se necesita el voto de la mayoría absoluta.Para evitar discrecionalidades, asimismo, se norma el monitoreo periódico al cumplimiento de las reglas macro fiscales y las metas de reducción del déficit, “mediante informes públicos elaborados por el Ministerio de Economía y Finanzas, y cuya estructura estará establecida en el Reglamento”, señaló Albornoz.
Finalmente, para evitar rigideces excesivas, en casos excepcionales se permitirá suspender temporalmente las reglas y metas fiscales. Para esto se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de la Asamblea, o el Decreto Ejecutivo que establezca el estado de excepción, conforme el artículo 10 de la Constitución. Los casos excepcionales incluyen catástrofes naturales, recesión económica grave y desequilibrios en el sistema de pagos.
Ampliación y precisiones
Se incorpora como sector priorizados al industrial, agroindustrial y agroasociativo y se determina que la exención del impuesto a la renta en zonas de frontera es de 15 años. Además, se elimina el condicionamiento de tener un trabajador menor de 25 años y otro mayor de 40 años.
El impuesto máximo a la utilidad en venta de acciones queda en el 10%. Y en lo que tiene que ver al arbitraje internacional, se establece que la inversión mínima para acceder a este mecanismo es 10 millones de dólares. (JS)