El nuevo Consejo de la Judicatura tiene como objetivo rescatar la independencia judicial.
Es viernes temprano y, a pesar de que el día anterior no almorzó y que por tres días seguidos sesionó, Angélica Porras, vocal temporal del Consejo de la Judicatura, atiende una entrevista a las 08:00.
Es profesora en la Universidad Andina Simón Bolívar y abogada litigante. Fue coordinadora de investigación del Centro de Estudios y Difusión del Derecho de la Corte Constitucional. Además, representante de los trabajadores en el Consejo Directivo del IESS y delegada en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ahora, por encargo del Consejo de Participación transitorio, ocupa un espacio en el Consejo de la Judicatura. En diálogo con La Hora explica cómo encontró a la Judicatura después de 10 años de correísmo.
¿Cuál es el fin común de la Judicatura transitoria?
Rescatar la independencia judicial. Durante 10 años se secuestró la Función Judicial en manos del Ejecutivo. Esto supuso la ausencia de transparencia de los procesos. Por ejemplo, los concursos se calificaban tres veces. Eso permitía cambiar constantemente los puntajes. No se sabe quién quedó en qué lugar.
Van un poco más de una semana en la Judicatura, ¿cómo la encontraron?
Caótica, con un manejo muy arbitrario, no solo en el nombramiento de jueces, sino en los bienes, en las contrataciones, en las capacitaciones. Existe información contradictoria. Por ejemplo, hay tres números diferentes del número de personas que están contratadas. Hay varios contratos que no han sido auditados.
¿Esto se evidencia en todos los niveles?
Sí. La parte más organizada es el servicio de justicia. Pero ahí también hay serios problemas por la arbitrariedad de las evaluaciones y de ciertos coordinadores.
Hasta ahora hemos detectado tres documentos, de la Presidencia y de la Judicatura, en los que se les ordena a los jueces que cuando participe el Estado en algún conflicto judicial, está prohibido que se le haga perder. Eso es una intromisión del poder Ejecutivo en la Justicia de la manera más descarada.
De todo lo que han encontrado, ¿qué es lo más grave?
Hemos detectado algunos puntos. Necesitamos hacer una auditoría seria sobre las contrataciones porque hay serios indicios de corrupción, como posibles sobreprecios de las construcciones de los complejos o del sistema ‘Justicia 2.0’.
Una segunda cuestión es la evaluación de los jueces y de los concursos con los que llegaron. Un tercer problema tiene que ver con la formación y la evaluación a los jueces, sin recurrir a la persecución porque hasta ahora se utilizó el famoso error inexcusable de una manera totalmente tergiversada.
¿Van a revisar los casos de los jueces que fueron destituidos bajo el error inexcusable?
Tenemos un problema muy serio porque esos casos ya fueron decididos por la Judicatura y muchos ya prescribieron. Hay una serie de límites legales.
Si bien existe un sinnúmero de problemas por resolver, ¿fue un error tomar una decisión sobre los fiscales provinciales temporales?
Me parece que sí, pero fue posible subsanar. Varios factores influyeron: la premura y no haber considerado el espacio para impugnaciones.
Se hizo la consulta sobre qué hoja de vida tenían estos fiscales. Los que fueron cuestionados tenían su hoja de vida perfecta. Por esto, debe haber una etapa de impugnaciones porque resulta ingenuo pensar que luego de 10 años de intromisión del Ejecutivo en la justicia, la información corresponde a la realidad.
El presidente de la Judicatura, Marcelo Merlo, señaló que se presupone que la información que hay en la Judicatura es legítima.
Es cierto. Hay un principio de derecho que dice que todos los actos de los funcionarios públicos se presumen legítimos. Pero la realidad es otra. Lo óptimo sería partir de que todo está bien, pero no lo está.
¿Comparten esta postura los cinco vocales o existen divergencias?
Hay divergencias. Pero eso es saludable, es bueno porque nos permite profundizar el debate, las razones.
¿Cuál es la dinámica que tienen en el pleno?
Prima la responsabilidad compartida. Nos sentimos comprometidos. Entonces, hay mucho respeto y realmente los puntos se debaten. Siempre se trata de llegar a un consenso. Quizá nos estamos demorando más, pero es necesario tomarse el tiempo que sea.
¿Cuáles han sido las mayores discrepancias?
Las relativas al nombramiento de fiscales. Ahora tenemos que enfrentar la designación de los delegados provinciales y los concursos.
El doctor Merlo sugirió que sean las universidades las que propongan nombres para las direcciones. ¿Comparte este criterio?
No del todo. Me parece muy importante que la academia se pronuncie, pero las organizaciones sociales y la ciudadanía también deben tener esa oportunidad.
¿Plantean reanudar el concurso de fiscales?
Hay que retomar las designaciones, en lo que se pueda y alcancemos. ¿Qué va a pasar si normamos? El próximo Consejo de Participación va a cambiar la norma. Además, no sería una alternativa dejar un concurso a medias. Los concursos que se retomen tienen que terminarse.
¿Cómo van a cumplir con todo?
Con comisiones, según la experticia o interés de cada vocal, con metas específicas, con el plazo máximo de cuatro o cinco meses. En la Judicatura hay alrededor de 1.000 personas. Manos no faltan.
¿Qué comisión quisiera usted?
Me gustaría trabajar el tema de los concursos. También la evaluación a los jueces.
¿Qué plantearía en los concursos o en la evaluación?
Que la función de juez no es ganar un concurso con un puntaje. El juez tiene que estar constantemente capacitándose. Segundo, eliminar la arbitrariedad en las calificaciones. Si va a haber una entrevista, que no estoy de acuerdo que haya, no se puede calificar.
Hay que reformular las preguntas que están pensadas en aprenderse de memoria la Ley. Eso es irrelevante. Lo que importa del juez es que sepa justificar sus decisiones y que sea probo.
¿Cómo se manejará la evaluación a los funcionarios dentro de la institución?
Es un tema que no se ha discutido, pero es muy serio. Ya se han separado a algunas personas. Durante 10 años se generaron no solo lealtades, sino incluso complicidades.
Hay que nombrar director general y delegados provinciales. Hay que cambiar las direcciones: financiera, administrativa, de la escuela judicial, de transparencia, de control disciplinario.
Después de las investigaciones, ¿van a enviar información a las instancias pertinentes?
Hay que enviar inmediatamente. Imagínese en 10 años de imposibilidad de cuestionamiento, lo que se hacía aquí nadie podía cuestionar. Cosas buenas seguro hay, pero cosas no tan buenas hay un montón y es necesario denunciar. (AGO)
«Hemos detectado tres documentos de la Presidencia y de la Judicatura en los que se les ordena a los jueces que está prohibido que el Estado pierda en algún conflicto judicial”.
«Resulta ingenuo pensar que luego de 10 años de intromisión del Ejecutivo en la justicia, la información corresponde a la realidad.”
«Me parece muy saludable el disenso porque se puede lograr mejorar los procesos”