Redacción QUITO
En un comunicado oficial, firmado por Gina Benavides, defensora del pueblo encargada, se puntualiza que si bien el proyecto de ley tiene como metas fomentar la inversión y la producción, y equilibrar las cuentas fiscales, también podría «implicar la reducción de gastos en la provisión de servicios públicos relacionados a derechos económicos, sociales y culturales, tales como subsidios a los servicios básicos, reducción en presupuestos de educación, salud, así como supresión de puestos de trabajo en el sector público».
Ante esto, la Defensoría del Pueblo recuerda a la Asamblea Nacional que toda norma, más allá de su carácter urgente, debe estar acorde a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y conforme a lo que determinan los principios de progresividad y no regresividad de los mismos.
Finalmente, en el comunicado se expresan dos exhortaciones al legislativo. Por un lado, que «se garantice lo previsto en el art. 136 de la Constitución que determina que los proyectos de ley que envíe el Presidente, deben referirse a una sola materia, hecho que no se cumple en el proyecto actual que abarca temas económicos, fiscales y laborales entre otros».
Por otro lado, que las leyes que modifican las regulaciones de la política económica y finanzas públicas no pongan en riesgo ni menoscaben la obligación de logro progresivo y prohibición de regresividad en relación con el presupuesto del Estado que se destina para el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales.
La conclusión del segundo debate y la votación definitiva del proyecto de ley se realizarán hoy, a partir de las 14:00, en el pleno de la Asamblea. (JS)