PATRICIO CÓRDOVA CEPEDA
La intervención de Contraloría General del Estado, en relación a la actividad de los concejales de Latacunga, ha obligado a que se determine, mediante Ordenanza, que deben trabajar ocho horas diarias. El alcalde da a conocer, en un medio de la localidad, “que la ordenanza de funcionamiento del Concejo Municipal de Latacunga fue aprobada en primer debate aproximadamente hace tres años, con el propósito de regular los horarios de los concejales y que se sujeten a verificar la presencia de ellos en su trabajo” .
Es decir, casi al terminar su mandato recién se dan cuenta que los concejales no son meros representantes electos por votación popular, sino servidores públicos, afiliados al seguro social, teniendo como empleador al Municipio de Latacunga, por consiguiente al Estado ecuatoriano, que perciben una remuneración pública, décimos, vacaciones, liquidación al terminar sus labores, lo cual es totalmente diferente al tiempo en que los concejales ganaban dietas, por sesiones, y no gozaban de todos los beneficios económicos.
Esto no es cuestión de amistades, de estar o no al lado de la autoridad, pertenecer o no al mismo partido político del Alcalde, sino de cumplir lo que dice la Constitución y la ley. La Delegación del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi incluso impuso una multa a dos concejales abogados por ejercer la profesión, porque el pleno del Consejo de la Judicatura se pronunció que las dos actividades no son compatibles, que no pueden ejercer la profesión de abogados mientras sean concejales, lo que ojalá entiendan y no intenten justificar sus actuaciones.
Si el Alcalde afirma, además, que “hay concejales que solamente buscan figurar a través de los medios de comunicación y no realizan un trabajo en favor del pueblo”, el tema preocupa mucho más a los latacungueños.