Por: Oswaldo Aguilera Ortíz
Empezábamos a desintoxicarnos de los efectos del autoritarismo y abusos que caracterizó al gobierno de Correa durante los últimos 10 años, cuando nos sorprende el anuncio de que el expresidente regresa para liderar la campaña por el ‘no’ en la Consulta Popular, convocada por el jefe de Estado, Lenín Moreno, misma, que según su criterio, “es una grave alteración del orden constitucional”, y que “el mayor problema es la pregunta 3, que permitirá a Moreno apoderarse de todas las funciones del Estado”. Correa, bajo este pretexto, pretende convulsionar nuevamente el país.
Ante estas declaraciones, la ciudadanía pregunta: qué autoridad moral tiene este señor para hacer estos pronunciamientos, si durante su gobierno el orden constitucional fue permanentemente alterado y se apoderó de todas las funciones del Estado? o no recuerda, cuando sin pelos en la lengua declaró que: “el Presidente de la República no sólo es jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado Ecuatoriano y el Estado Ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder de Transparencia y Control Social, Superintendencias, Procuraduría, Contraloría, todo eso es el Estado Ecuatoriano”, con cuyo argumento orquestó un sistema autoritario y concentrador de poderes, que utilizó para anular derechos y libertades ciudadanas, perseguir a líderes populares, pero fundamentalmente, dilapidar los fondos públicos en proyectos como los del área hidrocarburífera, seriamente cuestionados, por estar envueltos en un tramado de corrupción nunca antes visto; estos son: refinería Esmeraldas, la Planta de Licuefacción de GLP de Bajo Alto, la terminal de despacho, recepción y almacenamiento de GLP de Monteverde, el poliducto Pascuales-Cuenca y la refinería del Pacífico.
Este último, debía estar culminado y haber comenzado operaciones en el 2013, sin embargo, tras ocho años, la obra termina con un costo de 1.200 millones de dólares, solo por movimiento de tierras y ningún tipo de construcción. Según el Portal Focus con todo ese dinero pudieron haberse hecho 24 hospitales públicos, uno en cada provincia, con capacidad para atender a 500.000 personas. La presencia de Correa debe ser aprovechada por la justicia, para exigirle respuestas sobre estos escandalosos negociados que avergüenzan al país y repugnan a la conciencia ética de los ecuatorianos.