Roque Rivas Zambrano
La frontera entre Ecuador y Colombia es peligrosa. Allí se desarrollan múltiples escenarios de violencia. Los periodistas han dado cuenta en las últimas décadas de eventos como el ataque en el que murió Raúl Reyes, “el número dos” entonces de las FARC, o, como señala Alexandra Benalcázar en su artículo publicado en Plan V, de hechos sensibles como el sicariato y el tráfico de combustible en Borbón; las huellas del crimen organizado; las olas de refugiados que huyeron desde Tumaco hacia San Lorenzo cuando recrudeció la guerra con el Plan Colombia, entre otros.
Estas situaciones han dejado víctimas mortales o que viven con un constante temor por sus vidas. La noche del lunes se difundió que un equipo del diario El Comercio fue secuestrado en la zona. El periodista, fotógrafo y conductor estaban intentando recabar información sobre la explosión del artefacto que causó la muerte de tres militares ecuatorianos, el 20 de marzo.
Según informes posteriores, ellos se acercaron a un puesto de control y se les advirtió de lo riesgoso que era circular en el área. Luego se supo que fueron secuestrados.
La noticia, que desencadenó acciones para reclamar la liberación de los compañeros, abrió un debate sobre la responsabilidad del Estado en temas de seguridad. No basta con “advertir”, es necesario acompañar, generar estrategias en las que se pueda monitorear lo que está sucediendo y se garantice la integridad de civiles que, en este caso, incluso estaban cumpliendo con su trabajo de informar.
Creo que es imprescindible solidarizarse por la situación que viven nuestros colegas, pero también lo es exigir respuestas al Estado por todas aquellas víctimas de la violencia, aquellas que nos faltan y a las que queremos de vuelta.