Carteles de droga

Kléber Mantilla Cisneros

¿El desplazamiento de militares y operativos de control en la frontera norte es suficiente para enfrentar al narcotráfico? San Lorenzo, Borbón y Mataje conviven con amenazas de bomba y el miedo de acudir a cualquier institución pública. Las familias de militares muertos y heridos y de consumidores del microtráfico retratan una catástrofe que empieza a consolidarse.

El narcotráfico tiene muchos tentáculos y se desenvuelve en un escenario opaco que debería ser enfrentado en su magnitud: entre la producción y distribución en Colombia y México y el consumo en EE.UU. El país, por el uso del dólar y la mala aplicación de la ‘ciudadanía universal’ del correísmo, sumados los extraños acuerdos con organizaciones guerrilleras (FARC), acumuló y centralizó carteles.

Según la Fiscalía de México hay nueve organizaciones delictivas que llevan cocaína, heroína, metanfetaminas y precursores químicos a 51 países. El cartel de Sinaloa con presencia en Ecuador es el más poderoso del mundo. Luego están Los Zetas, el cártel Jalisco Nueva Generación, los carteles de Juárez, del Golfo, de los Beltrán Leyva, de Tijuana, los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana.

La economía durante el correísmo nunca fue transparente. Cifras e indicadores fueron manipulados siempre con intenciones políticas. No hay registro sobre lavado de dinero y organizaciones criminales. Esto genera dudas incluso sobre las operaciones que incidieron para el aumento de liquidez y el excesivo gasto de las finanzas públicas.

La Senain, creada para impulsar espionaje político y perseguir opositores con dineros reservados, no tiene información sobre seguridad y narcotráfico. Su cierre implica una rigurosa auditoría y la reestructuración completa de los sistemas de inteligencia. Otro factor son los presupuestos para infraestructura militar, tecnologías, aviones, barcos, armamento y radares. Una decisión difícil pero necesaria está en negociar una base militar con las características de lo que fue la estadounidense en Manta. No es un problema de soberanía sino de seguridad pública.

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