POR: Laura Benítez Cisneros
Es una tarea difícil, para estos ciudadanos que están obligados a compartir y dar seguimiento al proceso que les fue encomendado por el pueblo en la Consulta Popular, mediante las urnas, en revisar las normas internas del Consejo de Participación Ciudadana (CPC).
Es necesario y urgente que se realice una veeduría de seguimiento y evaluación ante tantos acontecimientos de corrupción que siguen saliendo a la luz pública de estos mal llamados funcionarios de gobierno, que han demostrado traición y engaño a la ciudadanía y a la Patria.
Desde el Consejo de Participación Ciudadana deben aplicarse reglas claras, con justicia y transparencia en la mesa del debate, en donde los acuerdos sean los retos a emprender. Deben actuar como el pueblo lo exige en su mandato, ante los organismos de control del Estado ecuatoriano. Hacer un estudio de una evaluación seria, con pasos firmes, con una agenda de prioridades en sancionar a todos los corruptos de guante blanco que han estado inmersos en la putrefacción política del poder.
Es necesario que en los procesos, como lo establece la Constitución Política del Estado, se entre con normativas participativas, que es lo fundamental para mantener la comunicación con el pueblo y todas las organizaciones con su apoyo, organizaciones gremiales, industriales, comerciales, sociales, intelectuales que deben participar en este quehacer democrático.
La ciudadanía debe actuar y no ser indiferente, ya que la democracia es de todos y estamos en la obligación y deber en que nuestro país retome nuevamente la funciones del Estado, con una actuación real y verdadera de lo que es la libertad, la justicia, la transparencia y claridad en las funciones gubernamentales del poder, recuperando la institucionalidad y la independencia.