POR: Fausto Jaramillo Y.
Una vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desechado el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de que proceda a emitir medidas cautelares a favor de tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que sentían que el voto mayoritario de los ecuatorianos en la consulta popular del pasado 4 de febrero les afectaba en su derecho a seguir como vocales de dicha institución, me quedan varias dudas.
En primer lugar: ¿A qué derecho humano afectaba el pronunciamiento ciudadano en las urnas? ¿A quedarse sin empleo?
En segundo lugar: ¿Qué cambió como para que los vocales del CPCCS, todos ellos fieles seguidores del ex Presidente Correa, acudan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras 10 años de que dicho personaje desconoció la validez de los alegatos de dicha Comisión; llegando incluso a despreciarla y a pedir su desaparición? Supongo que en aquellos tiempos, las observaciones eran el gobierno del economista, mientras que ahora, los correistas eran los afectados.
En tercer lugar, ¿cómo es posible que tal alto tribunal como la CIDH, haya aceptado los alegatos de los miembros del CPCCS? ¿Es que acaso, el pueblo, a través de las urnas no puede revocar mandatos, modificar artículos de la Constitución y derogar leyes y decretos?
¿Qué hizo el Presidente Moreno, apenas conoció de dicha demanda interpuesta por los vocales del Consejo de Participación Social y Control Social? ¿Convocó, la Canciller a los mejores y más destacados abogados del país, así como a los miembros del Cuerpo Diplomático para diseñar una estrategia que les permita enfrentar esta hipotética demanda?
Y, como si esto fuera poco, la lista de personajes nombrados por el Presidente Moreno para que viajen a San José de Costa Rica, sede de la Corte, a defender la tesis del Ecuador también me generó varias dudas, pero éstas no podrán ser respondidas porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos cortó por lo sano el problema y enterró la demanda, antes de que los comisionados pudieran siquiera esbozar sus discursos.
Ahora, nos queda a los ecuatorianos demostrar nuestro desprecio a aquellos vocales que pusieron su cargo y su sueldo por encima del pronunciamiento popular y por encima del buen nombre del Ecuador.