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Veeduría duda sobre cálculo de deuda en Gobierno pasado

ENE, 20, 2018 |

ENCUENTRO. La veeduría mantuvo ayer su segunda reunión en la Contraloría.

La justificación legal para fijar el techo de endeudamiento pudo ser malinterpretada.
 

Un tema de vieja discusión vuelve a la palestra pública, pero ahora de manos de Contraloría y un grupo de 11 veedores que analizan las obligaciones estatales. Se trata del límite de la deuda adquirida por el Gobierno de Rafael Correa entre 2012 y 2017 y que, justificando en el manual del Fondo Monetario Internacional (FMI), eliminó ciertos rubros del cálculo total.

El Código de Planificación y Finanzas Públicas establece que el Estado no puede adquirir obligaciones de deuda que en suma sobrepasen el equivalente al 40% del Producto Interno Bruto (PIB). 

En 2016, en un momento en que el Estado buscaba financiamiento externo para la refinería del Pacífico, los niveles de endeudamiento del país se acercaban al límite legal, pero un decreto ejecutivo firmado por el expresidente Rafael Correa cambió las reglas del juego, dejando al país un margen mayor para adquirir nuevos créditos. 

Esta acción se justificó en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del FMI. Pero, de acuerdo con el análisis del grupo de veedores convocado por Contraloría, existe la posibilidad de que el Régimen de aquel entonces haya interpretado mal las disposiciones de dicho documento. 

El catedrático Pablo Dávalos, quien participa en la Veeduría, explica que parte de la discusión de la segunda reunión del grupo, que se dio ayer, giró en torno al marco jurídico que permitió el cambio de metodología del cálculo de la deuda y con la cual se bajó el techo.

36%
era la deuda en 2016 en relación al PIB.
“En la discusión se fueron construyendo argumentos de tipo jurídico. Se revisó el manual del FMI y hay la sospecha de que en los cambios aplicados no hay las bases legales para la interpretación que hizo el Gobierno”, dijo Dávalos a este Diario. “Si fuera así, el concepto de deuda consolidada desaparece”.

En la reunión de ayer, la Contraloría definió el equipo jurídico para analizar la hipótesis de que el Gobierno anterior malinterpretó la metodología del cálculo del FMI. 

“El FMI explica que solo cuando se trata de instituciones del Gobierno Central la deuda no se registra, pero en el caso del IESS es una entidad que tiene autonomía institucional”, detalla Dávalos. 

 

El trabajo de la Veeduría
Este no fue el único tema que se mencionó en la segunda reunión de la Veeduría, también se definió la planificación para analizar varios tramos de la deuda, como las emisiones de bonos soberanos, la venta anticipada de crudo y la deuda bilateral con China y otras fuentes de financiamiento multilateral. 

Además, se definieron dos comisiones de trabajo, una para que analice la parte jurídica y otra la parte técnica-económica y financiera. Para mediados de la semana entrante serán convocadas nuevas reuniones, para el trabajo conjunto de los veedores con el equipo de Contraloría. (LGP)

 

El esquema de la década pasada
° En 2016, el Gobierno analizaba ampliar el límite de endeudamiento para poder recibir créditos externos y financiar la refinería del Pacífico. Para septiembre de ese año, la deuda pública llegaba al 36% en relación al PIB, dejando un margen de apenas el 4%. 

25,7%
quedó la cifra luego del cambio hecho por el Gobierno anterior.
Fue entonces cuanto el Banco Central presentó su informe de las Cuentas Nacionales. En su intervención, el entonces gerente de la entidad, Diego Martínez, explicó que la forma correcta de hacer el cálculo es basándose en la deuda consolidada, según el manual del FMI, y con esto la deuda del Estado se fijó en un 25,7%, dejando al Gobierno un margen mayor para adquirir nuevos créditos.

En una entrevista con La Hora, Martínez dijo: “Hay dos formas de medir el endeudamiento externo: el primero, es el agregado; el otro, es el consolidado. La fórmula que se utiliza en todos los estándares internacionales es el consolidado”. 

Para octubre del mismo año el cambio se concretó a través del decreto 1218. El expresidente Rafael Correa reformó el reglamento para el cálculo de la deuda, que ese mes se encontraba en 38,4% del PIB y, con ese cambio, pasó al 26,6%, dejando un margen de 13,4 puntos para el endeudamiento.

 

 

 

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