A la Corte de Justicia de Pichincha, en Quito, confluyeron ayer miembros de las organizaciones que en octubre pasado realizaron la marcha denominada ‘Con mis hijos no te metas” y activistas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero e intersexuales (Lgbti).
Como si se tratara de un concurso de barras, de esas que alientan a dos equipos en un estadio, los dos grupos llevaron camisetas, banderas y hasta megáfonos para defender sus causas, mientras se desarrollaba una audiencia crucial para ambos bandos.
“No son pro-vida, son anti-derechos”, gritaban quienes sujetaban una bandera del arcoíris, símbolo de la comunidad homosexual, a lo que los otros replicaban “biología sí, ideología no” e incluso entonaban alabanzas religiosas en la reunión.
Esta fue la tónica mientras se desarrollaba la audiencia por una apelación que presentaron activistas Lgbti a una acción de protección que el año pasado fue negada en primera instancia frente a lo que consideran como un delito de “odio” por parte de los promotores de dicha marcha.
Durante tres horas, los jueces de la Corte Fabricio Robalino, Narcisa Pachecho y Elsa Grijalva escucharon los alegatos de los abogados de la Conferencia Episcopal y del movimiento Vida y Familia, y de organizaciones como Surkuna, Tejido Diverso y la Defensoría del Pueblo.
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meses han pasado desde que grupos pro vida salieron a las calles y los motivos fueron rechazados por Lgbti.
Braulio Álvarez, procurador judicial de la marcha, sostuvo que las pruebas presentadas por los accionantes no registran fechas, lugares ni cómo se publicitaron los mensajes de odio contra la comunidad Lgbti.
Pero la defensa de la contraparte argumentó que durante todo el proceso en primera instancia se vulneró el debido proceso, ya que los jueces tenían un plazo legal de 24 horas para avocar conocimiento de la petición y no fallaron, sino hasta después de la marcha.
La resolución no se emitirá de forma verbal, sino escrita en los próximos días, dijo el juez Rovalino, tras escuchar a las dos partes. (RVD)