Demanda a Correa por los hechos del 30-S

SECUELAS. El capítulo del 30-S todavía no se cierra.
SECUELAS. El capítulo del 30-S todavía no se cierra.

El demandante tiene una aspiración económica de 1.200.000 dólares por daño moral y psicológico

Una demanda por un supuesto error judicial por el tema del 30-S fue presentada en contra del expresidente Rafael Correa y algunas autoridades de justicia. Se reclama más de un millón de dólares por concepto de daño moral y sicológico.

La demanda presentada en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo en Quito también está dirigida contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh; el exfiscal subrogante, Alfredo Alvear y autoridades de justicia del Carchi.

El demandante Edwin Tulcán Castillo alega que de forma injusta, arbitraria e inconstitucional, violando todo principio jurídico y sus Derechos Humanos, el 20 de octubre de 2010 se le inició primero una indagación previa por los hechos del 30-S en el Carchi, la misma que se desestimó y archivó el 27 de agosto de 2012.

Luego, con fecha 7 de febrero de 2014, por solicitud del director de gestión procesal de la Fiscalía, Víctor López, se reabre el caso y se le formula cargos por el presunto delito de atentado a la seguridad interna del Estado, sometiéndole al escarnio público por los hechos del 30-S.

En Carchi, durante la subleación policial hubo escasa presencia del personal policial en las calles, siendo necesario el patrullaje del ejército y esto ocasionó pérdidas millonarias para el Estado ecuatoriano, por el Estado de Excepción y el cierre de la frontera en Rumichaca.

Pero la fiscalía no encontró elemento de convicción alguno en contra de Edwin Tulcán, pese a que se le sometió a una pericia de identificación humana y otras diligencias judiciales, por lo que el 12 de marzo de 2015 el juez de Carchi, Bayardo García dictó el sobreseimiento provisional en su favor y el 31 de julio del mismo año, el Tribunal Penal emitió la sentencia absolutoria.

Edwin Tulcán, a través de su abogado patrocinador, Iván Durazno, ahora apela al artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el que expresamente se señala que el Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia. El compareciente reclama una indemnización de 1’200.000 dólares por daño psicológico y daño moral. (LC)