Es el primer afroecuatoriano que demandó al Estado por el delito de odio racial. Aquí su testimonio tras la discriminación.
Corría el año 2010, apliqué a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (Esmil) y aprobé los exámenes sicológicos, académicos y médicos. Pero no logré pasar natación. Sin embargo, entrené durante un año entero para volver a dar los exámenes. En 2011 fui uno de los 5.000 aspirantes, de ellos solo 200 personas ingresan a la Esmil. Fui el número 199 y supe que me convertí en el primer afroecuatoriano en formar parte de la institución militar.
Tres meses de tortura por parte del instructor general, el capital Fernando Encalada, hicieron de mi sueño una pesadilla. Ser negro me costó castigos, maltratos e insultos. Recuerdo con impotencia el día en que fui obligado a permanecer por más de una hora en una piscina a solo seis grados centígrados de temperatura; casi muero por hipotermia. Él me decía que no quería un negro en su ejército.
Fui obligado a desnudarme y revolcarme en el lodo. En las noches, algún compañero me lanzaba agua fría mientras dormía. Recuerdo incluso cuando era obligado a utilizar la misma ropa mojada para entrenar y hacer guardias o cuando me rociaron gas pimienta en la cara. Además, mi instructor general armó una lucha contra cinco compañeros míos que me provocó un esguince en el brazo derecho y una fractura de nariz. Todo esto, bajo el conocimiento de sus superiores. Acciones que me sirvieron como evidencia para iniciar el proceso legal de denuncia contra Fernando E. y posteriormente, contra el Estado.
Amistades puestas a prueba
Tras los tres meses de prueba, decidí retirarme de la milicia. Las lesiones internas y externas eran insoportables. No solo odiaba a Encalada sino a toda la sociedad, incluso terminé odiando a Dios y preguntándome reiteradas veces: Si me ama, ¿por qué me hizo sufrir? Si existe, ¿por qué me abandonó?
Luego solo me encerré en mi cuarto por tres meses. Terminé la relación con quienes consideraba mis mejores amigos. Ellos, al conocer mis desgracias, no hicieron más que burlarse y justificar que toda la violencia surgió por ser ‘lamparoso’. Decían: ‘bien hecho todo lo que le pasó’. Todo me afectó hasta el punto de intentar suicidarme y terminar con todo el suplicio.
El proceso legal
Con mi madre empezamos un largo proceso legal pese al completo desconocimiento acerca de la Ley y la falta de recursos económicos para el asesoramiento de un abogado. Presentamos una demanda por tortura contra Encalada en la Defensoría del Pueblo. La institución realizó una exhaustiva investigación, incluso acudieron a la Esmil y tomaron testimonios de mis compañeros sin tomar sus nombres por temor a posibles represalias. Todo mi grupo de excompañeros corroboró mi testimonio, incluso adicionaron más actos de agresión a los que fui sometido. Tipos de tortura que no pude contar a la Defensoría debido a que no quería herir más a mi madre. Una mujer que jamás me reprendió físicamente y menos con en este tipo de abusos.
Al verificar que decía la verdad, miembros de la Defensoría consideraron que la denuncia debía llegar a una mayor instancia, por lo que emitieron el proceso a Fiscalía, específicamente al área de Derechos Humanos, donde mi caso fue tomado por Gina Gómez de la Torre, fiscal del departamento. Ella me informó que la denuncia iba orientada a una acción de delito de odio y discriminación racial, por lo que lleva el caso a un juicio. Una instancia legal en la que me sugiere también contratar un abogado y me recomienda el asesoramiento de Juan Pablo Albán, abogado y docente de la Universidad San Francisco de Quito, quien me brindó toda la ayuda jurídica de manera gratuita.
Declarado culpable
En el primer juicio, el fiscal lee el informe y escucha mi testimonio y toma por sorpresa la llegada de mis excompañeros a la instancia, y más aún que apelaron a favor de Encalada por las represiones. Sin embargo, el Fiscal no se ‘comió el cuento’ y decidió investigar más a fondo el caso. Mientras tanto puso a Encalada en prisión preventiva por seis meses. Él apeló el juicio y cambió de asesor legal por Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente Rafael Correa.
En la apelación, mi familia y yo nos enteramos de las amenazas de Ochoa hacia las autoridades de la Fiscalía por el peso y el renombre de su trabajo. Los jueces se dejaron intimidar y declararon a Fernando E. como inocente del caso. Una situación que mi abogado no podía pasar por alto, así que volvió a apelar el juicio.
Esta vez, definitivamente declararon culpable a Encalada y el juez encargado dictó la sentencia por el delito de odio racial, con una sentencia de un año de pena privativa de libertad más el pago por daños, perjuicios y costos procesales en los que incurrimos. Además Encalada debía pedirme disculpas en una ceremonia militar frente a todos los demás estudiantes y docentes. También las Fuerzas Armadas tenían que publicar la sentencia en su página web y en todos sus medios de difusión oficial.
Mientras trabajábamos en el proceso legal, junto con mi madre, encontramos un empleo de perchero en un supermercado, donde laboré por un año. Este ambiente me hizo reconocer que no todos eran racistas, que existía gente buena que no me haría daño por tener un distinto color de piel.
También laboré un año en un restaurante de la ciudad, donde era bien reconocido por mi excelente atención al cliente. Luego decidí estudiar por dos semestres la carrera de comercio exterior en la Universidad Técnica Equinoccial, pero finalmente apliqué y obtuve una beca por etnia en la Universidad San Francisco de Quito para seguir la carrera de Educación.
Dejar atrás los malos recuerdos…
El proceso judicial aún no ha terminado para mí, tal vez se vuelva a abrir el caso y pueda mostrar el incumplimiento y las irregularidades de la sentencia en diciembre. Pero hasta hoy, que ha pasado mucho tiempo, he pensado que sí perdonaría a mis examigos, pero jamás volverían a serlo, porque un ser querido jamás te abandona ni se burla de los más trágicos sucesos de tu vida. Reconozco que la Esmil me abrió las puertas, pero a la vez truncó mi sueño al no saber llevar bien el proceso, por lo que no aceptaría sus disculpas. Pero nunca podré perdonar a E. Si existe un Dios, que lo perdone, porque yo no puedo y jamás lo lograré.
Ahora curso mi sexto semestre en educación, con mención en sicología. Tengo 27 años, soy desconfiado e inseguro de la gente desconocida. Cálido, pero frío al primer contacto con la gente nueva; respetuoso, pero distanciado con amigos y compañeros de clase. Soy un joven que día a día lucha contra el remordimiento y el intacto recuerdo de lo sucedido, pero con la convicción de que continuará con su lucha judicial y académica para formar parte del cambio social en contra del racismo en el Ecuador.”
Para mí, el ser afro es ser un humano más pero perteneciente a una etnia diferente, que desciende de África. Una distincion que no me hace diferente a los demás y que tal vez aportó para mi ingreso a la univerisadad.
En detalle
La última apelación del caso fue en 2016. Tras seis años de proceso legal en contra de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (Esmil), la Fiscalía declaró culpable al general Fernando Encalada y la Justicia dictó la sentencia por el delito de odio racial, que implica un año de pena privativa de libertad, más el pago por daños, perjuicios y costos procesales.
La Esmil presentó las disculpas públicas en julio de este año, pero Arce no las aceptó porque fueron en el parqueadero de la institución, sin la presencia de docentes ni estudiantes y con el discurso de “no haber agredido” al excadete.
Este reporte se inscribe en el proyecto LA HORA LAB: un taller periodístico construido entre estudiantes y docentes universitarios del país, junto con los editores de este diario.
La autora de esta entrega es Carla Sánchez, alumna de la Universidad San Francisco de Quito.