Redacción BOGOTÁ
EFE- AFP
El Gobierno colombiano no protege a la población civil y las amenazas de grupos armados continúan aunque se firmó un acuerdo de paz con las FARC, asegura un estudio revelado ayer por la organización defensora de los Derechos Humanos Amnistía Internacional. “Un año después de la firma con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), otros grupos guerrilleros y paramilitares se disputan el control de varias zonas del país”, explica el estudio, que fue entregado hoy al Gobierno.
El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, indicó que “aunque haya disminuido el número de muertes de civiles, el conflicto armado sigue siendo, en gran medida, una realidad para millones de personas en todo el país”.
El caso del Chocó
En el departamento del Chocó “persisten casos de desplazamientos forzados colectivos, muertes o heridos con minas antipersonal y asesinatos selectivos que han ocurrido tras la salida de las FARC del territorio”, denuncia la organización humanitaria en un informe publicado este miércoles en Bogotá.
Ante el desarme de 7.000 combatientes de la que fue la guerrilla más poderosa del continente, el vacío ha sido ocupado por la fuerte presencia de los rebeldes del ELN, en diálogos con el Gobierno, y “el reacomodo de estructuras paramilitares” que fueron desarmadas en 2006, advierte AI. El departamento del Chocó es habitado en gran medida por comunidades indígenas y afrodescendientes, y es reconocido como una de las zonas donde el conflicto armado ha sido más latente.
La guerra sigue
AI señala que el “acuerdo de paz no ha avanzado lo suficiente, lo que ha generado un contexto proclive a la repetición de la historia de muerte y desolación que describen las víctimas del conflicto armado”.
El acuerdo de paz, firmado el pasado 24 de noviembre de 2016, se concibió para poner fin a un conflicto armado de más de 50 años, que ha causado la muerte de más de 220.000 colombianos y el desplazamiento de casi 7 millones de personas.