La decisión sobre los 13 procesados por el delito de asociación ilícita es esperada por diversos sectores.
Luego de una audiencia preparatoria de cuatro días, el juez nacional Miguel Jurado anunciará a las 15:00 de hoy si llama a juicio o dicta sobreseimiento respecto de los 13 procesados que la Fiscalía acusó en el caso de asociación ilícita en la trama de Odebrecht. Se define aquí la suerte del vicepresidente, Jorge Glas, quien, de ir a juicio y ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre tres y cinco años de prisión.
Si es llamado a juicio, el segundo mandatario deberá desvirtuar los 28 elementos de convicción que la Fiscalía halló en su contra, en una audiencia de juicio. Si en su favor se emite un auto de sobreseimiento, saldrá libre, sin delito.
Todo tipo de reacciones se van tejiendo respecto del caso. La penalista Beatriz Rodríguez cuestiona la estrategia de la Fiscalía. “Un grupo de personas se asocian ilícitamente para cometer delitos, pero, para empezar, nos tienen que decir qué delitos cometieron. El Fiscal comienza por los pies y luego va a la cabeza”.
La postura de la Fiscalía fue explicada por la fiscal Diana Salazar, que inicialmente estuvo a cargo del proceso y sigue asistiendo al fiscal general, Carlos Baca Mancheno. En una entrevista publicada en agosto en diario Expreso, manifestó: “Los hechos se desarrollan desde 2010 y ese año no teníamos todavía el Código Penal actual. Y en el anterior no existía el tipo de delincuencia organizada”.
5
años es la pena máxima para este delito.La explicación de Salazar no convence a todos. El abogado Santiago Guarderas, al igual que Rodríguez, observa que hay elementos suficientes para haber reformulado cargos, en el momento oportuno, que era la etapa de instrucción. “Me parece que existen los indicios que hacen presumir el cometimiento de infracciones mucho más graves, como son, presuntamente, lavado de activos, peculado y concusión”.
El juez Jurado también deberá resolver sobre la aplicación de medidas cautelares y de protección. A esto deberán sumarse los acuerdos probatorios que han convenido los sujetos procesales y aprobado el juzgador. Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no surtirán efectos irrevocables en el juicio.
El campo Singue
Guarderas cree que el caso del campo Singue, donde la Contraloría identificó indicios de responsabilidad penal contra el Vicepresidente, derivará en un expediente por peculado. Este contrato fue suscrito entre el Estado y el Consorcio DGC, integrado por las empresas Dygoil y Gente Oil Ecuador.
3
años es la pena mínima.El perjuicio causado al Estado sería de más de 5,2 millones de dólares, por calcular la tasa interna de retorno, sin sustento legal, en el 80% y no en el 100% de las reservas probadas remanentes oficializadas por los 2’040.556 barriles, previstas para los 20 años de ejecución del contrato.
En la adjudicación, la Contraloría identificó varias irregularidades. Por este caso, la Contraloría predeterminó la destitución de Glas como posible sanción, lo que está en manos de la Asamblea. (MMD/LC/EFE)
Glas será tuitero
EFE· El vicepresidente, Jorge Glas, canalizará sus mensajes a través de Twitter mientras se encuentre en prisión, según declaró. «Esta cuenta será utilizada para contar la verdad sobre el caso de @JorgeGlas, para publicar los mensajes que nos hace llegar el Vicepresidente mientras se encuentra #Injustamente privado de su libertad», rezaba ayer un mensaje en la cuenta de Twitter de Glas.
Por ese medio, el Vicepresidente, que llegó al cargo en las elecciones de abril pasado en fórmula con el presidente, Lenín Moreno, pidió a sus seguidores, en su nombre y el de su familia «que no desmayen».