Mauro Hueb: ‘Vamos a reconocer el monto que fije Procuraduría’

Mauro Hueb, representante de Odebrecht, habla de reparación. Dice que el Estado les debe 110 millones.

¿Por qué Odebrecht no se va de Ecuador?
Odebrecht tiene mucho trabajo a realizar en el país. Es una historia de 30 años de operaciones. La compañía se pone en la posición de cooperador eficaz del Estado ecuatoriano y hay una agenda larga en ese sentido. Tenemos que quedarnos no solo para reestructurar la operación, limpiar el pasado y reparar los errores cometidos por exfuncionarios.

¿Qué pedagogía deja el escándalo de corrupción?
Tenemos que aprender con los errores. La compañía pasa por una reestructuración, ha implementado sistemas de Conformidad de nivel internacional, pasa por un proceso de auditoría interna y externa.

¿Mauro Hueb puede ofrecer disculpas al país?
Claro. Nosotros lo hicimos luego de que firmamos el acuerdo de cooperación con la Fiscalía. Vino desde la casa matriz, de nuestro director de Conformidad y el momento en que tuvimos la oportunidad de comunicar a la sociedad ecuatoriana lo que ha pasado.

¿Cómo se traduce la reparación en términos de dinero?
Es un proceso. Y cuando se inicie el acuerdo transaccional con la Procuraduría, en la medida en que se van haciendo los peritajes o las auditorías para identificar los daños causados, entonces se van conociendo los valores. Y cuando se habla de reparación integral -yo no soy abogado pero he escuchado mucho-, no es solamente una reparación pecuniaria, sino también otros programas sociales.

No son solo los 50 millones de dólares de los cuales se habla…
Han salido algunos números. Nosotros no tenemos conocimiento del criterio que se utilizó para llegar a este número. Pero lo que sí puedo garantizar es que el monto que fije la Procuraduría, a través de un peritaje, auditoría, nosotros lo vamos a reconocer.

En el caso del poliducto Pascuales-Cuenca, Petroecuador dio 10 días a Odebrecht para que justifique lo que pasó y si no van a cobrar las garantías…
Nosotros ya contestamos las cartas a Petroecuador. Y es importante aclarar que este proyecto fue entregado totalmente en febrero de 2017. Fue hecha la entrega-recepción provisional y es importante aclarar que el contrato establece que el plazo de ejecución de las obras va desde la fecha de la orden de proceder hasta la entrega-recepción provisional y este es el momento en que el proyecto entra en operación. Entonces en febrero se hizo la entrega-recepción, se levantó y firmó el acta correspondiente, donde se verifica la ejecución total de las obras, la utilización de las especificaciones, la calidad de los materiales…

¿Es una declaración preliminar de conformidad por parte del Estado?
Claro, porque es un acta y eso hace parte del contrato. Es importante recalcar que Petroecuador no ha pagado las facturas de servicios y certificados desde octubre de 2015. Y desde entonces hasta febrero de 2017 nosotros hemos venido financiando este proyecto, a pesar de que no nos toca. Entregamos las obras y estamos pendientes de cobrar más de USD 60 millones. No alcanzamos a entender la motivación de Petroecuador. Por eso estamos indignados y confiamos en que el Estado ecuatoriano…

¿…les brinde seguridad jurídica?
Es importante la seguridad jurídica, aun más ahora que en el país se inicia un proceso de atracción de inversiones para apalancar la economía.

Si usted dice que el Estado les dejó de pagar en octubre de 2015 ¿a cuánto asciende la deuda?
USD 110 millones.

¿Por qué obras?
Manduriacu, poliducto Pascuales-Cuenca, acueducto La Esperanza y el proyecto Daule-Vinces.

¿Qué se está haciendo al respecto?
Cuando se inicia el proceso de investigación (diciembre de 2016), la Fiscalía levanta una acción cautelar que se llama acto urgente, para bloquear los pagos. Aceptamos y dentro de las negociaciones estamos en disposición de utilizar parte de esos fondos en las reparaciones. Yo pedí una reunión con el Ministro de Hidrocarburos hace dos o tres meses y fuimos a proponerle la creación de un fideicomiso con una estructura de propósito específico para aportar a ese fondo un recurso mínimo necesario de nuestra parte para garantizar estos pagos y la conclusión definitiva de las obras. Entonces le pareció positivo al Ministro, pero de un día a otro se cerraron las negociaciones y me llega la carta sobre la terminación unilateral.

Por precisar: ¿el fideicomiso que plantearon iba a estar fondeado por los propios recursos estatales?
No, recursos que son de nosotros, parte de nuestros derechos de cobro iría al fideicomiso para garantizar los pagos y el resto se quedaría condicionado a los actos transaccionales.

¿Pero es el Estado el que debe pagar eso?
No, el Estado debe aportar dinero que nos debe a nosotros.

En Petroecuador se habla de cierta negligencia en la ejecución de obra. ¿Qué tienen que decir al respecto?
Eso no reflejan los documentos, porque en una obra compleja hubo un intercambio de cartas. Petroecuador contrató la construcción con nosotros, la ingeniería con otra empresa, la fiscalización con otra y otras actividades con otras. Nuestro alcance: ejecutar las obras a precio unitario, reflejadas en la ingeniería que no es nuestra. Entonces si la ingeniería prevé ejecución de servicio y que estas especificaciones generan problemas operacionales, eso no tiene que ver con la construcción, sino con la especificación.

¿Esas responsabilidades están en quien realizó la ingeniería?
Pueden estar en la ingeniería, en la investigación geológica, en la investigación geotécnica, en la especificación de los materiales y equipamientos, puede estar en cualquier lugar, pero es importante verificar que lo que hay de problemas relacionados con el proyecto es proveniente de la ejecución. Comentaba que de los errores tenemos que aprender. Por ejemplo esa situación de la que se habla mucho de que ha aumentado el precio y que al final se termina con otro, eso no pasa en contrataciones privadas, porque el privado cuando va a hacer una inversión sigue dos caminos: o contrata una ingeniería detallada a nivel de precisión que garantice que no van a cambiar cantidades ni especificaciones y que lo que está previsto al inicio se va a cumplir hasta el final. O contrata el constructor con la responsabilidad de hacer la investigación, la ingeniería, la construcción y la puesta en marcha con un precio fijo, respaldado por las garantías.

¿No ocurrió eso aquí?
Hay países que ya adoptan esta modalidad para dar más transparencia al proceso. Entonces pienso que a partir de esos errores, qué tal si el país también aprende con esos errores y utiliza mecanismos que eviten situaciones similares.

¿Admite que quizá cierto margen de discrecionalidad se abrió desde el contratante estatal?
¿En qué sentido?

En la comparación que usted hace sobre los modelos de negocio de actores privados. ¿Cree que hay un marco normativo que debiera ser replanteado en términos de contratación pública?
Claro. Esa es la provocación en el sentido de reflexionar los privados y el Estado, en el sentido de buscar solución. Me parece que está en curso en la Asamblea una propuesta de ajuste en la política de contratación pública.

¿Cuál es la situación con el acueducto La Esperanza?
Ya se entregó y está en operación. Falta el pago de USD 13,7 millones.

Finalmente, ¿cómo un comité de ética empresarial dará otra página a la historia de Odebrecht?
Tenemos que mantener la resiliencia. Debemos reconocer errores y seguir aportando al Estado ecuatoriano con la construcción de proyectos de infraestructura, que sabemos que el país los va a necesitar. (SCA/IFP)