Rodrigo Santillán Peralbo
No hubo paquetazo, pero sí la nefasta flexibilización laboral. Habrá consulta popular, a pesar de que algunos sectores políticos consideraban que se debía convocar a una asamblea constituyente, si en verdad se quería plantear profundas reformas a la Constitución para “restablecer la democracia”, rescatar la plena vigencia de los Derechos Humanos y libertades públicas que han sido retaceados en los últimos diez años.
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana para que el pueblo se pronuncie sobre determinados aspectos de interés nacional, regional o provincial o de interés sociopolítico-económico del bloque en el poder. Algunos politólogos afirman que la consulta al pueblo es un modo de ejercer la democracia directa. La consulta popular tendrá carácter político porque al presidente Moreno le interesa legitimar su actuación como gobernante y, para dirimir la disputa que mantiene con el expresidente Correa. Es preciso superar el autoritarismo caudillista que tuvo y tiene el firme deseo de perennizarse en el poder para beneficio propio y de su grupo correísta fanático, radical que dice defender el proceso revolucionario que nunca existió.
Las siete preguntas planteadas, por lógica jurídica, política, social y constitucional deben ser aprobadas por la Corte Constitucional para que el pueblo vote SÍ, siete veces. Las enmiendas de diciembre de 2015 fueron aprobadas por el grupo de asambleístas de AP que era mayoría absoluta. Un sector de la Asamblea Nacional que pertenece a AP sostiene que no apoyará la Consulta si se disminuyen derechos y, entre ellos, el derecho a la reelección indefinida. Qué sofisma más monstruoso, como si cien asambleístas de AP fueran más que todo un pueblo que, con su voto, diga si quiere o no reelección indefinida.