Kléber Mantilla Cisneros
Es difícil no poner reparos al nombramiento de vicepresidenta en María Alejandra Vicuña, del ala más extremista del correísmo ortodoxo, gestora de las enmiendas constitucionales e impulsadora de la reelección indefinida. El presidente Lenín Moreno parece que tiene dificultades para hallar personas libres de corrupción. O es que intenta evitar más división en los residuos de AlianzaPAIS.
¿No es iluso pedirle a Vicuña que realice la consulta popular? ¿O no sabe que ella usó espionaje político para perseguir y criminalizar la protesta social cuando presentó unos audios privados de Martha Roldós? ¿Y desconoce que el delito de violación a la intimidad de las personas quedó impune?
La paradoja se agranda con la prisión contra Jorge Glas y su tío por el caso Odebrecht. La acumulación de pruebas irrefutables de nuevos delitos como delincuencia organizada, cohecho y lavado de activos ya no es sorpresa. Incluso, el mandatario acusó a su antecesor de responsable político de los casos de corrupción cuya prepotencia y egolatría es similar a Napoleón, según dijo. ¿Por qué Vicuña y no cualquier otro?
¿Se quiere reivindicar el torpe proyecto de ‘revolución ciudadana’ con más remiendos? ¿No es una picardía y astucia escoger lo menos peor en un país alelado por la infamia? ¿Acaso la corrupción no es insoportable aun para el poder político? ¿No siente la caída hacia abajo, a una sima sin fondo? ¿No capta que es premonitorio la selección de Vicuña? ¿No percibe que es horrible reformar el Estado con buenas intenciones como el camino al inferno, colocando piedras arcillosas en una ruta macabra?
El doble disparate: la vicepresidenta tendrá que pasar por la prueba ácida del Ático de Bélgica a lo que su huésped llamó ‘golpe de Estado plebiscitario’. Y si hay más servilismo al correísmo, a su vez esto delinea perfiles de lo que nos espera en las urnas. Está en juego, ni más ni menos, la descorreización y la garantía de salir de la peor era moral y ética de la historia. Lo segundo: no incluir la Ley de comunicación porque los asesores confunden servicio público con informar al público.
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