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Liquidación de la Unión Nacional de Educadores (UNE) no concluye

AGO, 18, 2017 |

GESTIÓN. Rosana Palacios, presidenta del gremio (centro), llegará hasta el último recurso judicial.

A un año del cierre del gremio de maestros aún hay recursos judiciales por resolver.

 

Con unas vallas metálicas oxidadas permanece cercado el edificio principal de la Unión Nacional de Educadores (UNE), en Quito, a un año de que el anterior Gobierno decidiera disolverla bajo el argumento de incumplir sus estatutos.

El rótulo de color rojo y letras blancas, el escudo y otros distintivos de esta organización, ya no están, sino que en sus ventanas están colocados unos sellos donde se indica que el gremio está “en proceso de liquidación”.

Su expresidenta, Rossana Palacios, acudió ayer a constatar el estado en el que se encuentra el inmueble, tras conocer que la comisión interventora había autorizado a una asociación de maestros jubilados a usar parte del inmueble.

Sin embargo, no había nadie. A través de la cerca metálica de donde fue sacada a empujones por un pelotón de policías, hace un año, vio que un agente custodiaba el edificio. “Primera vez que veo a la Policía hacerse cargo de algo robado”, expresó.

Pese a que han transcurrido 365 días desde que la medida fue dispuesta por el Ministerio de Educación alegando de que la UNE no había elegido a su directiva apegada a sus estatutos, el proceso de disolución no termina.

12
millones de dólares es el monto en el que, según expresidenta de la UNE, están avaluados sus bienes.
La dirigente comentó que para el 30 de este mes se prevé que en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo realice una audiencia, en la que deberá resolver si acoge el recurso presentado hace 90 días por el gremio para que se declare nulo lo actuado por el Ministerio.

Además, están a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre un recurso de amparo de protección. En ambos casos, Palacios duda que el resultado sea favorable, pero agrega que una vez agotadas estos casos podrán llevar al caso a que se ventile en cortes internacionales.

 

Proceso

El ministro de Educación, Fánder Falconí, ha reiterado en varias ocasiones que su cartera sabrá acatar los fallos judiciales. Mientras la Subsecretaría encargada de este proceso indicó que “la Comisión Liquidadora es la encargada de los destinos de los bienes de la organización”.

Al respecto, no quiso pronunciarse la coordinadora, Jenny Villacís, sino que dispuso que lo haga su abogado, Juan Campaña. Él confirmó que pese a que todavía hay recursos judiciales que deben resolverse “el proceso de liquidación no ha parado”.

Según Palacios, los bienes que tiene la organización están avaluados en 12 millones de dólares. Cuestionó que la comisión liquidadora haya puesto en venta los edificios que tenía en Gualaceo, Shushufindi y Cuyabeno, pero Campaña no pudo confirmar que así sea. (RVD)

 

 

 

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