La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea elabora el borrador de informe para primer debate del proyecto de Código de Participación Ciudadana con un cambio fundamental relacionado al Decreto 16 y las organizaciones sociales.
La proponente del proyecto, Johanna Cedeño (PAIS), en un alcance remitido el 20 de abril, dejó por fuera de la propuesta la disolución de las organizaciones sociales. “El alcance fue porque ingresado el proyecto las organizaciones sociales creyeron que lo que se buscaba era coartar sus derechos. (En el proyecto original) se recogían algunos temas en cuanto a su posible disolución pero luego de que conocimos reparos hicimos llegar este alcance donde eliminamos todo ese articulado”, dijo Cedeño. Aseguró que no se trata de regular a las organizaciones sociales sino de fortalecerlas y que las causales de disolución podrían ser parte de reglamentos.
El asambleísta Héctor Yépez (SUMA), presidente de la Comisión, reconoció que en el proceso de socialización, una de los principales cuestionamientos era el que se recoja de manera íntegra el mencionado decreto. “Hay un alcance que de alguna manera limita los ‘grilletes’ que se quería poner a las organizaciones”, dijo Yépez.
¿Es suficiente?
A pesar de este cambio en la propuesta que está en análisis, se mantiene el registro de las organizaciones a través del Sistema Unificado de Información, cuya rectoría estará a cargo de la Secretaría de la Política. “Entidad que será responsable de regular y controlar el cumplimiento de los objetivos y actividades del sistema”, consta en el proyecto.
Para Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, mantenerlas bajo control de instituciones del Ejecutivo es inconstitucional. “Limita y restringe la libre asociación”, dijo García. (HCR)
