Tío de Glas y otros implicados conocen nueva información en el proceso por Odebrecht

IMPLICADO. Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas.
IMPLICADO. Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas.

La Fiscalía ordenó la comparecencia de todos los procesados, para revisar el material disponible.

Las instalaciones de Criminalística de la Policía Nacional fueron ayer el escenario de una nueva audiencia reservada con la presencia de los siete procesados en el caso de supuesta asociación ilícita por la trama de corrupción de la constructora Odebrecht a funcionarios y empresarios ecuatorianos.

De la escueta información que se entregó a la prensa, en esta audiencia se tenía previsto revisar nueva información que ha ingresado al caso, producto de los allanamientos y documentos incorporados.

La información, contenida en dispositivos electrónicos, correos y otros medios, sería tan extensa, que no se pudo concluir ayer y se convocó para el próximo 10 de agosto para continuar con la diligencia.

La actividad estaba prevista a las 10:00, pero a las 09:00 el primero en llegar fue Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, Jorge Glas, acompañado de un fuerte contingente policial que lo trajo desde Guayaquil, donde guarda arresto domiciliario.

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El procesado llegó en una camioneta de la Policía e ingresó al subsuelo del edificio, desde donde tomó un ascensor y evitó a la prensa, que apenas logró divisarlo a unos 50 metros de distancia. En cambio, de los abogados, el primero en llegar fue Mauricio Garrido, defensor de Rubén Terán Naranjo, pero evitó hacer comentarios porque, según dijo, tiene un contrato de confidencialidad con su cliente.

Diana Salazar, fiscal del caso, llegó 5 minutos antes de las 10, pero también ingresó por la cochera. Wilson Velasteguí, abogado de Ramiro Carrillo Campaña, quien será vinculado al proceso mañana, también llegó a la diligencia, pero pocos minutos después salió del edificio visiblemente molesto, porque la Fiscalía habría alegado que todavía no son parte procesal y, por tanto, no podían estar en el acto.

Según dijo, la decisión de la Fiscal es violatoria a los principios constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa. Aclaró que el Código de la Función Judicial garantiza el derecho a la defensa en todas las etapas y grados del proceso y este caso no puede ser la excepción. (LC)