En la Comisión de Justicia de la Asamblea continúa el debate de la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, que fue dejado por el anterior Gobierno, mientras hay voces que desde la sociedad civil piden el archivo de ese proyecto.
Entre los principales puntos del documento constan: tenencia y pensión alimenticia compartida, rendición de cuentas de madres o padres, multas a empleadores que oculten sueldos, alternativas a la prisión del deudor y un registro público de morosos.
Solanda Goyes, del colectivo Nosotras por la Democracia, y Ernesto Delgado, del Pacto por la Niñez, aseguraron que con esa propuesta “se está mutilando” las principales instituciones creadas en 2003, a través de ese Código, en lo relacionado al cuidado de los menores.
Argumentaron, entre otros temas, que el sistema de pago de las pensiones alimenticias sería desarticulado y, basados en cifras de la función Judicial, fustigaron que los cambios se pretendan hacer para regular supuestos “excesos” cometidos.
“Se argumenta que existe exceso pero se está tomando en cuenta 61 casos que reciben más de 7.000 dólares de pensión mensual versus cerca de 600.000 casos donde reciben menos de 300 dólares y pensiones que empiezan hasta desde 50 dólares”, sostuvo Goyes.
También rechazó que se pretenda, “prácticamente, eliminar el apremio personal” que, a su juicio, no debe ser entendido como una privación de la libertad. “El trasfondo es alimentar la falta de responsabilidad de los progenitores”, sostuvo.
CIFRA
85%
de las pensiones no sobrepasan los 200 dólares, según Nosotras por la Democracia.
DATO
La Comisión de Justicia deberá elaborar el informe para primer debate en el Pleno de la Asamblea.
En criterio de Goyes, la propuesta parte “desde una visión adultocéntrica y no desde el punto de vista de los niños”.
Acotó que uno de los errores graves que se comete es “plantear una convivencia de los niños con padre y madre que mantienen una separación”.
De allí que junto a Janeth Guerrero, de un colectivo que agrupa a los beneficiarios de pensiones alimenticias, pidió el archivo de ese proyecto de reforma o que, en última instancia, sea vetado en su totalidad por el Presidente.
Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, descartó que ese documento vaya a ser archivado. Señaló que el debate continuará.
La ministra de Salud, Verónica Espinosa, de su parte, sugirió que los exámenes de ADN por filiación o paternidad salgan de la competencia del Ministerio y pasen, directamente, a la Fiscalía y Policía Nacional, ya que no se trata de ningún servicio vinculado con la salud integral de las personas. (RVD)