A pesar de la renuncia del contralor Carlos Pólit, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea avanza con el proceso de juicio político iniciado en su contra por incumplimiento de funciones. La Constitución establece que se puede fiscalizar a un funcionario hasta un año después de que haya cesado en funciones. “La fiscalización es en el ámbito político, no en el ámbito administrativo”, manifestó la asambleísta María José Carrión (PAIS), presidenta de la Comisión.
Esta semana vence el plazo de 15 días para que los proponentes del juicio político y el excontralor presenten las pruebas de cargo y de descargo, respectivamente. Dentro del cronograma del proceso, la Comisión fijó para el martes 27 de junio la comparecencia de Pólit para que presente sus pruebas, que en esta etapa lo puede realizar por escrito.
No volverá
Ese día está previsto que sesionen para revisar lo que remita el ex funcionario, ya que se descarta su presencia porque su abogado ha manifestado que, al encontrarse en los Estados Unidos, no regresará al país por falta de seguridad jurídica. En la misma sesión se escuchará a los asambleístas que proponen el juicio político para que motiven sus cuestionamientos. “El asambleísta ponente tendrá su tiempo necesario para exponer cuáles son las causales. Y el excontralor tiene también su derecho a la legítima defensa”, dijo Carrión.
La legisladora aseguró que se cumplirá todo el procedimiento hasta las instancias finales, ya que después del martes, tiene cinco días para presentar un informe que puede ser recomendando el archivo del proceso o que vaya a juicio político en el pleno de la Asamblea.
Los argumentos
Daniel Mendoza (PAIS-UP) es el asambleísta que impulsa el juicio político y asegura que tras la comparecencia del fiscal Carlos Baca y de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Raquel González, tiene más elementos para demostrar que el exfuncionario violó leyes como las que mandan actuar con transparencia, hacer cumplir la normativa de la Contraloría, actuar con profesionalismo, etc. No le incomoda que se dé un juicio político contra alguien que se anticipó poniendo la renuncia, ya que asegura que esa decisión no es más que una consecuencia de la iniciativa legislativa, lo que demuestra, según Mendoza, que se está ejerciendo una verdadera fiscalización. “Nosotros no estamos viendo el juicio político como una pesquisa”, aseguró. (HC)