Daniel Marquez Soares
Detrás de todo producto indispensable y complicado existe un experto que lucra de él. Hay complicadísimos procedimientos de los que muchas vidas dependen. Lógicamente, los expertos en ella reciben una amplia y justa remuneración por sus servicios. Sin embargo, es absurdo extender esa lógica a productos que no son en absoluto indispensables y cuya complejidad es falsa y elaborada. Por lo general, los individuos que lucran de esa industria no son expertos, sino estafadores.
Cuando algo es de verdad indispensable, esa indispensabilidad es evidente. No hacen falta complicadas ecuaciones para explicarle a un paciente lo importante que es propinarle una dosis de anestesia antes de su cirugía o para que un ciudadano entienda que es mejor vivir con alcantarillado que arrojando los desperdicios a la cuneta. Si algo no nos parece indispensable, es muy probable que no lo sea en absoluto. Igualmente, si la persona que intenta convencerte de la importancia de ese producto es la misma que te lo está vendiendo, es muy probable que ese sujeto sea un farsante y el producto la herramienta de una estafa.
Esa lección es parte de la vida diaria al lidiar con vendedores o sujetos en busca de inversionistas. Desgraciadamente, cuando se trata de la política o del Estado, tendemos a olvidarla por completo: derrochamos dinero en obras que nunca nos parecieron tan urgentes hasta que un pelotón de expertos nos convenció de lo contrario; solo para darnos cuenta, una vez que ya están terminadas, de que los únicos verdaderos beneficiarios de ella fueron esos mismos expertos, que la construyeron. Abrazamos complicadas reformas legales, tributarias o institucionales de las que nunca sentimos necesidad hasta que unos cuantos consultores y jurisconsultos nos explicaron que sin ellas nada iría bien o todo iría cada vez peor. No sorprende que, una vez aprobada, los únicos expertos en implementar esas reformas, y que cobran fortunas por hacerlo, suelen ser esos mismos consultores y jurisconsultos.
Así, el problema no es que los ecuatorianos no respetemos la ley, sino que, al revés, de forma inexplicable nos tomamos demasiado en serio instituciones y disposiciones que solo fueron hechas para enriquecer y perpetuar a charlatanes.